Se trata de una de las disposiciones más criticadas de la ley de “inmigración”, aprobada el 19 de diciembre de 2023, y sobre la cual se espera la posición del Consejo Constitucional antes del 25 de enero. El condicionamiento del acceso a las prestaciones familiares y ayudas a la vivienda (APL) a cinco años de residencia regular para extranjeros no europeos (o a dos años y medio y tres meses respectivamente si la persona trabaja) fue analizado como la consagración de la “preferencia nacional”. ”, un tema querido por la extrema derecha.
Esta medida fue introducida por la derecha senatorial en el artículo primero de la ley y podría ser impugnada, en particular porque constituye una cláusula legislativa (modifica el código de la Seguridad Social, sin vínculo directo con el objeto de la ley) o porque afecta desproporcionadamente contraviene el principio de igualdad.
Las oposiciones parlamentarias de izquierda que se han puesto en contacto con el Consejo Constitucional denuncian también su “impacto social muy fuerte”. Esto último, sin embargo, no fue previsto por el gobierno. Interrogado en una conferencia de prensa el 18 de enero, el propio director general de la Caja Nacional de Asignaciones Familiares (CNAF), Nicolas Grivel, afirmó desconocer los posibles efectos del artículo: “La ley aún no ha sido promulgada”recordó, añadiendo que es “Es difícil saber qué se aplicará”.
31.000 niños afectados
Hoy en día, los extranjeros procedentes de países no pertenecientes a la Unión Europea (UE) representan el 9% de los hogares que reciben fondos de asignaciones familiares, todas las prestaciones juntas, o el 11% de las cantidades pagadas (8.200 millones de euros). Entre ellos, poco más de 800.000 extranjeros de fuera de la UE reciben ayudas para la vivienda. Sin embargo, la CNAF afirma hoy que no puede precisar cuántos viven en Francia desde hace menos de cinco años ni cuántos trabajan ni desde hace cuánto tiempo.
A pesar de la ausencia de datos, cuatro economistas se comprometieron a modelizar las consecuencias del texto, según una contribución enviada al Consejo Constitucional e incluida en una nota del colectivo transpartidista Nuestros servicios públicos publicada el 19 de enero. Los autores, entre ellos Michael Zemmour, de la Universidad Lumière Lyon-II, y Muriel Pucci, de la Universidad Paris-I Panthéon-Sorbonne y también presidenta del comité científico del Consejo Nacional de Políticas de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, realizaron simulaciones basadas en en la encuesta del INSEE “Impuestos y renta social” de 2019.
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