El caso Lezo, centrado en una trama de corrupción vinculada al Canal de Isabel II, continúa generando tensiones entre Madrid y Colombia por el control de la empresa Triple A de Barranquilla, una de las principales filiales americanas de la empresa pública de aguas madrileña. La Triple A fue expropiada en 2022 por el Gobierno colombiano bajo acusaciones de presuntas irregularidades financieras. Desde entonces, ambas partes mantienen un enfrentamiento legal en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
Las autoridades colombianas sostienen que el Canal de Isabel II habría facturado sumas mensuales elevadas por supuestos servicios de asesoría técnica que en realidad no se llevaron a cabo. De acuerdo con un informe judicial, esta práctica podría haber derivado durante años en desembolsos millonarios asociados a contratos inexistentes. A la vez, la Comunidad de Madrid intenta aclarar si los cargos examinados dentro del caso Lezo en España abarcan posibles delitos vinculados con la operación de la Triple A, entre ellos el presunto manejo indebido de recursos públicos para la adquisición de la empresa.
En este contexto, el Canal de Isabel II solicitó un informe jurídico valorado en 36,300 euros con la finalidad de fortalecer su posición dentro del arbitraje, un documento destinado a esclarecer si se vulneraron normas del derecho español o colombiano y a determinar si las partes colombianas supuestamente afectadas están legitimadas para intervenir como perjudicadas en el proceso penal que se desarrolla en España.
Conversaciones filtradas durante la investigación del caso Lezo han intensificado las sospechas; en una grabación de 2016, Edmundo Rodríguez Sobrino, entonces al frente de Inassa, admitía que el Canal cobraba de forma reiterada por asesorías que nunca se prestaron a sus filiales en América Latina, y el diálogo expone además que una parte de esos recursos presuntamente se habría desviado para favorecer a accionistas y disminuir la carga fiscal.
La decisión de expropiar las acciones de la empresa española en la Triple A se tomó basándose en una ley antinarco implementada en Colombia. Madrid, por su parte, ha defendido la existencia de las asesorías mediante informes presentados ante las autoridades. Sin embargo, el conflicto revela no solo los problemas de gobernanza en la gestión internacional del Canal de Isabel II, sino también las pérdidas multimillonarias derivadas de su fallida expansión hacia América Latina.
Un informe reciente de la Cámara de Cuentas de Madrid ha urgido al Canal a agilizar la liquidación de sus actividades internacionales y a reorientar su estrategia empresarial, tras el revés sufrido en su expansión fuera del país, un asunto que coincide con las investigaciones judiciales en marcha que han salpicado a destacadas figuras políticas de Madrid, entre ellas el expresidente Ignacio González, al frente de la región entre 2012 y 2015.
El caso Lezo no solo cuestiona cómo el Canal de Isabel II administra los recursos públicos, sino que además agudiza la presión diplomática entre España y Colombia, que intentan zanjar la disputa por la Triple A mediante resoluciones judiciales y laudos arbitrales.
