La hoja de ruta se fijó en el último momento, pocos días antes del muy probable cambio de equipo de gobierno. Viernes 5 de julio, el Ministerio de Trabajo y el de Cuentas Públicas firmaron el acuerdo que ha definido, desde hace seis años, los objetivos y medios de la Rama de Accidentes de Trabajo-Enfermedades Profesionales (AT-MP) de la Seguridad Social. Se trata de la culminación de una laboriosa gestación, esperada desde hacía meses por los actores de un ecosistema responsable –en particular– de reducir los riesgos ligados al ejercicio de una actividad en el mundo empresarial. .
La rama AT-MP cumple tres misiones: indemnizar a las víctimas de un accidente o enfermedad imputable al trabajo, determinar la tasa de cotización de los empleadores que financian el régimen e iniciar acciones preventivas para reducir al máximo los costes de las fuentes de siniestros. (caídas, trastornos musculoesqueléticos, exposición a productos químicos, sufrimiento psicosocial, etc.).
El sistema ocupa un lugar especial dentro de la “Secu”: encabezado por una comisión en la que participan representantes de los empresarios y de los sindicatos, sus intervenciones son supervisadas por un Convenio plurianual celebrado con el Estado. El que se firmó el viernes debería haberse ultimado hace mucho tiempo porque se aplica al período 2023-2028. Pero las discusiones entre los protagonistas se prolongan debido a desacuerdos sobre varios puntos (mejora de las compensaciones, revisión al alza de los créditos que preocupaban a Bercy, etc.).
» Satisfacción «
Finalmente se llegó a un compromiso, uno de cuyos principales objetivos es aumentar los recursos para la lucha contra los riesgos laborales. EL “fondo nacional” específicos de prevención recibirán cerca de 62 millones de euros más hasta 2028, en comparación con su presupuesto de 2022. Este esfuerzo permitirá ofrecer el número de agentes asignados a tales misiones (casi doscientos puestos adicionales, en particular). “prevendores” y “comprobadores de salud”), al tiempo que se aumenta la dotación asignada al Instituto Nacional de Investigación y Seguridad (INRS), operador clave del sistema.
Al mismo tiempo, la ayuda a las empresas alcanzará los 120 millones de euros en 2028, frente a los 80 millones en 2023. Además, se prevén unos 150 millones de euros al año para apoyar a las empresas que abordan “desgaste por uso profesional” de sus empleados en peligro «ergonomía» posiciones (limitar el transporte de cargas pesadas, repetir los mismos gestos, etc.).
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