Aumenta el acoso político a disidentes y medios en Honduras

En Honduras, la situación política y social ha causado preocupaciones importantes a raíz de alegaciones sobre una presunta persecución política contra opositores y periodistas críticos del gobierno de la presidenta Xiomara Castro. Diferentes grupos de derechos humanos y sectores políticos han expresado inquietud por lo que perciben como un incremento en las acciones orientadas a restringir la participación política y la libertad de expresión. Estas alegaciones se enfocan en el empleo del sistema judicial para presentar casos contra diputados opositores y en campañas de acoso contra medios de comunicación independientes.

El entorno de estas acusaciones se sitúa en un escenario en el que la libertad de prensa y la implicación en la política son componentes esenciales para el fortalecimiento de las instituciones y el acatamiento de los derechos humanos. La coyuntura ha generado apelaciones a entidades internacionales para que tomen parte y vigilen el respeto a los derechos constitucionales y la protección de las voces críticas en la nación.

Denuncias de hostigamiento político y judicial hacia los opositores

El Partido Nacional ha afirmado que el gobierno podría estar usando el sistema judicial para presentar cargos infundados contra legisladores opositores, con el objetivo de desacreditarlos y hacerlos responsables por la falta de designación de nuevas autoridades en el Ministerio Público. Esta situación ha llevado a solicitar la intervención de entidades internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para asegurar el respeto a las libertades y garantías constitucionales. Además, el Bloque de Oposición Ciudadana (BOC) ha acusado una presunta persecución política por parte del Ejecutivo, sosteniendo que estas acciones pretenden acallar a las fuerzas opositoras y fortalecer la influencia del partido en el poder.

Estas acusaciones evidencian un ambiente de presión política en el que la oposición siente una restricción a su intervención y un uso de los recursos gubernamentales para perjudicar su reputación y habilidad de operar. La ausencia de comunicación y el enfrentamiento institucional podrían afectar la dinámica democrática de la nación, particularmente en un contexto electoral y de consolidación institucional.

Acoso y limitaciones a la libertad de los medios

Simultáneamente, entidades enfocadas en la protección de la libertad de expresión han señalado un incremento en los ataques verbales y en las campañas de difamación contra periodistas y medios críticos del gobierno. Autoridades de alto rango han utilizado términos ofensivos para describir a la prensa independiente, creando un clima de hostilidad que podría inducir a la autocensura entre los periodistas. El Comité por la Libertad de Expresión (C-Libre) ha registrado incidentes de acoso, amenazas y persecuciones contra periodistas que investigan temas delicados como la corrupción y las violaciones de derechos humanos.

Estos incidentes han sido reportados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha manifestado preocupación por el deterioro de la libertad de expresión en Honduras. La situación plantea retos importantes para la democracia, dado que la libertad de prensa es un componente esencial para la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana. La protección de los periodistas y el respeto a su labor son considerados elementos clave para el fortalecimiento institucional y el respeto a los derechos fundamentales en el país.