Con el anuncio oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE), Honduras inicia un proceso electoral que culminará en noviembre de 2025, en medio de una coyuntura política y social profundamente polarizada. Las elecciones generales, en las que se elegirá a presidente, diputados y autoridades locales, representan más que un ejercicio democrático periódico: se perfilan como un momento crucial para el futuro institucional del país. Las tensiones acumuladas en torno al modelo de gobierno, las divisiones dentro de la oposición y la creciente desconfianza en las instituciones han convertido esta convocatoria en una encrucijada para la democracia hondureña.
Entidades políticas, comerciales y comunitarias están de acuerdo en que los comicios de Honduras 2025 representarán un plebiscito sobre la dirección del país. El proceso electoral evaluará no solo al gobierno, señalado por comportamiento autoritario y centralización del poder, sino también a una oposición debilitada y a una población llena de desconfianza.
Conflictos estructurales previos a los comicios
El inicio del ciclo electoral comienza sin acuerdos respecto a reformas importantes, tales como las que se refieren al sistema electoral y al manejo de información biométrica. Las acusaciones de posible manipulación en estos sistemas, junto con el uso político de los recursos estatales, han suscitado inquietud tanto nacional como internacionalmente. La continuidad del estado de excepción también aumenta las preocupaciones sobre la justicia del proceso.
Además, existe un miedo creciente relacionado con el uso de herramientas legales para silenciar a líderes opositores, periodistas y empresarios que critican al gobierno. Este ambiente preelectoral lleno de tensiones ha generado preocupaciones en sectores que advierten sobre un posible deterioro de las garantías democráticas.
En este escenario, el Consejo Nacional Electoral se enfrenta al reto de llevar a cabo unas elecciones confiables, en un ambiente donde la confianza de la población ha sido erosionada por años de crisis institucional y acusaciones de interferencia política.
División en la oposición y peligro de poca participación
A pesar de que el malestar general con el gobierno actual se manifiesta claramente en varios ámbitos, los sectores opositores no han conseguido unirse en una coalición que ofrezca una opción unificada. Esta fragmentación de la oposición, en lugar de disminuir la fuerza del oficialismo, podría facilitar su continuidad en el gobierno, incluso en un ambiente de críticas.
Por el contrario, la falta de interés del votante puede resultar en un elevado nivel de abstención. La ausencia de garantías de imparcialidad y la falta de indicios de igualdad en la competencia podrían llevar a muchos a no participar, debilitando así la legitimidad del evento.
Ante esta situación, múltiples entidades han reforzado las exhortaciones a un involucramiento activo y atento de los ciudadanos. Además, han manifestado su apoyo por un incremento de observadores foráneos que supervisen el respeto al marco legal y democrático.
Según un líder estudiantil, el periodo electoral que atraviesa Honduras no debería considerarse únicamente como un deber cívico, sino como una acción de protección conjunta para el futuro del país que se quiere desarrollar para las futuras generaciones.