Control electoral en Honduras: el valor estratégico del GPS

Elecciones hondureñas

Con menos de medio año para las elecciones generales en Honduras, varios expertos han presentado una propuesta clara para mejorar la transparencia en el proceso electoral: incluir sistemas de geolocalización GPS en todas las valijas que llevarán el material electoral. Esta acción tiene como objetivo asegurar el monitoreo en tiempo real de los paquetes desde que salen del Consejo Nacional Electoral (CNE) hasta que regresan para el conteo de votos.

La propuesta aparece en un contexto caracterizado por la falta de confianza de la población y las disputas políticas crecientes, en el cual diferentes sectores han manifestado su inquietud frente a un posible deterioro de las garantías institucionales y un ambiente poselectoral lleno de conflictos.

Plan técnico con contexto local

El enfoque, apoyado por especialistas en tecnología electoral, incluye la utilización de dispositivos GPS para supervisar cada maleta durante todo el proceso logístico. Según el ingeniero en sistemas Marvin Mejía, esta implementación permitiría determinar con exactitud el recorrido de los materiales y identificar desviaciones o demoras que puedan poner en riesgo la cadena de custodia.

Experiencias comparables han sido implementadas en elecciones de naciones como México, Colombia y República Dominicana. En dichas situaciones, la aplicación del GPS se ha enfocado en evitar incidentes como pérdidas, modificaciones del contenido o desplazamientos no autorizados.

Desde una perspectiva operativa, los especialistas aseguran que la tecnología es de bajo costo —con dispositivos valuados entre 15 y 30 dólares— y fácilmente adaptable a sistemas de monitoreo móviles, lo que permitiría acceso tanto a fiscales partidarios como a observadores nacionales e internacionales.

Exigencias desde la comunidad civil

La propuesta ha sido asumida como una exigencia por parte de organizaciones ciudadanas involucradas en la observación electoral. Transparencia Electoral, Red de Observadores y la Fundación para la Democracia han solicitado al Consejo Nacional Electoral que incorpore de manera inmediata esta tecnología en su planificación presupuestaria y la reglamente como un componente obligatorio del proceso.

Las organizaciones argumentan que esta acción ayudaría a restaurar la confianza en la gestión del proceso electoral, tras repetidas acusaciones de irregularidades en recientes eventos electorales. Por lo tanto, piensan que la decisión de no implementar este método podría verse como una falta de intención institucional para asegurar unos comicios transparentes.

“Si el CNE se rehúsa, estaría transmitiendo el mensaje más negativo: que no desea que la ciudadanía observe lo que sucede entre la urna y el acta”, afirmó un abogado experto en derecho electoral relacionado con las iniciativas de vigilancia ciudadana.

Ambiente político y miedo a fraudes

La conversación tiene lugar en un contexto de polarización política en aumento, con grupos opositores y actores sociales preocupados por las circunstancias bajo las cuales se desarrollará la próxima competencia. Algunos de los factores que intensifican esta inquietud son la continuación del estado de excepción, que limita ciertos derechos básicos, y la acumulación de poder que, de acuerdo con diversas opiniones, podría estar reduciendo los contrapesos democráticos.

Dirigentes opositores han señalado que los espacios de fiscalización institucional están siendo reducidos, lo que “a su juicio” podría abrir la puerta a manipulaciones logísticas o alteraciones fuera del escrutinio público. “Una elección no se gana en las urnas si las maletas son manipuladas en la sombra”, sostuvo una fuente internacional con experiencia en observación electoral, citada por medios locales.

Con esa situación en mente, los defensores sostienen que el uso de seguimiento por GPS sería una estrategia económica que podría reducir riesgos de desconfianza o tensiones después de las elecciones. La analista electoral Karen Pineda destacó que «se trata de una inversión pequeña en comparación con el costo de una crisis después de las elecciones».

Un desafío para la institucionalidad y la confianza

La sugerencia de agregar GPS a las urnas electorales destaca los problemas que confronta Honduras en cuanto a confianza pública e integridad electoral. En un ambiente donde las condiciones institucionales están bajo escrutinio, la discusión sobre este tipo de iniciativas cobra una relevancia que va más allá de lo puramente técnico.

A medida que se aproxima la jornada electoral, el sistema político de Honduras se enfrenta a un dilema importante: fortalecer sus mecanismos de control y transparencia, o seguir operando en un ambiente de desconfianza y tensiones. La reacción del CNE a esta propuesta será vista como una señal del compromiso institucional con la legitimidad del proceso.

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