_-_copia.jpg "Gobierno de Xiomara Castro")
La Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH) no formará parte de los logros del gobierno de Xiomara Castro. Aunque fue presentada como una pieza clave en su plan de gobierno, no pudo materializarse y no se realizará en el actual mandato presidencial, que finaliza en enero de 2026. Al dejar de lado este proyecto, el Gobierno termina un capítulo que había creado grandes expectativas en la población sobre el combate a la corrupción.
El proceso para establecer la CICIH estuvo caracterizado por repetidos retrasos, extensiones que no llevaron a resultados y conversaciones paralizadas con las Naciones Unidas. El reconocimiento formal del descalabro, comunicado por el exministro de Relaciones Exteriores Enrique Reina, apunta a una mezcla de razones que, en su opinión, incluyen tanto impedimentos legislativos como elementos externos. Sin embargo, para varios grupos de la sociedad, esta justificación no es suficiente.
La promesa incumplida que erosionó la confianza
Distintas voces del sector civil y del contexto global acuerdan que la responsabilidad mayor recae sobre la gestión actual. Para expertos y quienes siguen el proceso, el inconveniente no fue la ausencia de factores externos, sino la falta de voluntad política del Gobierno para honrar los acuerdos pactados.
Desde este enfoque, la falta de puesta en marcha de la CICIH no es un error ni un desenlace inevitable, sino una elección. Así lo manifestó Juan Jiménez Mayor, exvocero de la MACCIH, quien cuestionó directamente al Gobierno por no cumplir una promesa que había generado grandes expectativas. A estas críticas se unió Gabriela Castellanos, directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), quien fue contundente al acusar al oficialismo de haber utilizado la CICIH como un recurso de campaña sin intención genuina de avanzar en su establecimiento.
Una agenda contra la corrupción sin apoyo institucional
El retiro de la CICIH del escenario nacional tiene implicaciones que trascienden el plano administrativo. La ausencia de avances concretos ha alimentado la percepción de que la lucha contra la corrupción carece de instrumentos efectivos y de compromiso gubernamental. La credibilidad del Ejecutivo en este tema se ve comprometida, en un momento donde las demandas por transparencia y rendición de cuentas continúan siendo urgentes.
Con un horizonte institucional que no contempla ya la instalación del mecanismo internacional, Honduras pierde una oportunidad significativa para enfrentar de manera estructural la impunidad. El margen de tiempo restante en la actual gestión hace improbable cualquier intento serio de revertir este escenario, dejando a la ciudadanía con una promesa vacía y sin una alternativa inmediata que compense la ausencia del proyecto.
Lo que al principio se mostró como emblema de cambio en el sistema político ha acabado siendo otro elemento en la serie de promesas sin finalizar, debilitando de esta manera el discurso gubernamental sobre la lucha contra la corrupción y creando una nueva brecha para la desconfianza del público.
