Crisis del sistema judicial hondureño por justicia selectiva

La reciente propagación de un narcovideo en Honduras ha aumentado las inquietudes sobre el desempeño del sistema judicial del país. Según un informe publicado por el centro de investigación InSight Crime, el asunto no solo revela conexiones entre individuos del narcotráfico y personas cercanas al poder, sino que también corrobora un patrón alarmante: el uso de la justicia como un instrumento político.

Patrones de impunidad y persecución selectiva

InSight Crime expone una situación en la que la aplicación de la justicia es desigual. Algunos acusados enfrentan acusaciones públicamente y pasan por juicios expeditos, mientras que otros, presumiblemente conectados con el gobierno actual, permanecen libres de intervención judicial o incluso reciben respaldo institucional. El informe señala que este comportamiento no es novedoso en la región, sin embargo, en Honduras ha llegado a niveles especialmente alarmantes recientemente.

El reporte analiza similitudes con dinámicas autoritarias presentes en naciones como Venezuela y Nicaragua, donde el sistema judicial ha sido tomado por intereses políticos para garantizar impunidad a seguidores y sancionar a disidentes. La situación en Honduras, como señala el centro de análisis, avanza en esa misma dirección, lo que pone en riesgo directamente al Estado de derecho.

Comentarios críticos y solicitud de monitoreo internacional

Las respuestas al reporte no tardaron en manifestarse. Líderes políticos de la oposición, expertos en leyes y activistas de derechos humanos coinciden en afirmar que el uso político de la justicia amenaza la validez del sistema democrático. Esta inquietud es compartida por entidades internacionales, que han recibido peticiones para observar el empeoramiento institucional del país.

Una fuente diplomática citada por InSight Crime alertó que Honduras podría estar dirigiéndose hacia una seria crisis en la gobernabilidad si no se aseguran las mínimas garantías de independencia judicial. La falta de confianza por parte de la población, incrementada por la falta de transparencia y la impunidad, ha debilitado aún más la confianza en las instituciones.

En esta situación, varios sectores han solicitado de manera urgente que entidades multilaterales como la OEA y la ONU continúen supervisando al país. Reclaman medidas que aseguren un sistema de justicia imparcial e independiente, libre de influencias políticas o intereses ilegales.

El video del narcotráfico no solo revela un caso concreto de corrupción, sino que también se ha transformado en un emblema de un sistema judicial que, en lugar de ser imparcial, parece actuar con intereses políticos.

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