Denuncian a LIBRE por intentar frenar auditoría electoral en Honduras

A poco más de cuatro meses para las elecciones generales del 30 de noviembre, el gobierno en Honduras se enfrenta a un aumento en la falta de legitimidad ante el público. El partido Libertad y Refundación (LIBRE), que lidera desde 2022, ha estado en el centro de señalamientos por parte de la oposición política, organizaciones empresariales y grupos de la sociedad civil, que acusan posibles manipulaciones en el proceso electoral y un intento por mantener el control en medio de una notable baja en las encuestas.

Retroceso en la intención de voto y pérdida de confianza

Estudios recientes, como los de Pro Encuestas y TResearch, revelan una disminución constante en la campaña presidencial de Rixi Moncada. Inicialmente considerada como la principal candidata, Moncada fue adelantada en las encuestas por el nacionalista Tito Asfura y el liberal Salvador Nasralla, ocupando ahora la tercera posición.

Expertos asocian esta baja a una mezcla de motivos: acusaciones de corrupción en el gobierno, divisiones internas en el partido en el poder, bajo desempeño económico y una percepción creciente entre los ciudadanos de falta de transparencia en la administración pública. La disminución del apoyo popular ha coincidido con una intensificación del lenguaje político por parte del Ejecutivo y con indicios de tensión institucional que han activado alertas en varios sectores.

Dudas acerca del proceso de elecciones y supervisión institucional

Uno de los puntos clave de discusión es la negativa del oficialismo a autorizar la verificación manual de los sufragios, una práctica común en procesos anteriores utilizada como método de comprobación frente a la digitalización de los resultados. La oposición y las entidades independientes señalan que suprimir este control podría permitir irregularidades y dificultar las auditorías ciudadanas e internacionales.

Además, se ha informado sobre medidas destinadas a obstaculizar la puesta en marcha del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), crucial para asegurar la transparencia durante el conteo de votos. Las tensiones han aumentado dentro del Consejo Nacional Electoral (CNE) mismo, donde consejeras como Cosette López y Ana Paola Hall han sido objeto de denuncias sobre presiones e intentos de interferir en sus funciones.

Las entidades empresariales y los miembros de la oposición consideran estas acciones como un intento de asegurar el dominio institucional del sistema electoral, reducir la observancia externa y brindar al gobierno una mayor capacidad de acción frente a una posible derrota electoral.

Denuncias de tendencias ideológicas y ambiente de conflicto

La realización en Tegucigalpa de una sesión del Foro de São Paulo, con la participación de delegaciones de gobiernos de izquierda de la región, reavivó el debate sobre las alianzas internacionales del partido LIBRE. Voces críticas señalaron que estos vínculos con el eje Venezuela–Cuba–Nicaragua podrían estar orientados a replicar modelos de gobernabilidad que priorizan la concentración del poder y restringen los espacios de participación democrática.

Simultáneamente, detractores como Eduardo Facussé, quien fue presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), han alertado sobre la probable implementación de un «Plan Venezuela», que busca provocar inestabilidad en las instituciones, manifestaciones fomentadas y obstáculos administrativos que compliquen la transición gubernamental.

De acuerdo con las acusaciones, grupos cercanos al gobierno habrían llevado a cabo acciones perturbadoras en lugares estratégicos como el Congreso Nacional y el CNE, lo que podría contribuir a minar la confianza en el proceso electoral y aumentar la polarización política en la nación.

Panorama dudoso frente a una votación crucial

Con un panorama electoral cada vez más fragmentado y un oficialismo que pierde terreno en la opinión pública, Honduras se encamina hacia unos comicios marcados por la desconfianza, la tensión institucional y el cuestionamiento a las reglas del juego democrático.

Diversas organizaciones de la sociedad civil, sectores empresariales y líderes políticos han reiterado la necesidad de una observación internacional robusta y de mecanismos de garantía que salvaguarden la transparencia y la legitimidad del proceso electoral.

La situación presente revela no solo la debilidad del acuerdo democrático en el país, sino también la problemática para guiar la rivalidad política dentro de límites institucionales estables, en un entorno de creciente desapego ciudadano y falta de confianza en las instituciones estatales.