El sector privado advierte sobre consecuencias de la Ley de Justicia Tributaria

El debate en torno a la Ley de Justicia Tributaria en Honduras ha provocado un acalorado intercambio de opiniones entre el sector privado, asociaciones empresariales y las autoridades del gobierno. La iniciativa de modificación fiscal, promovida por la administración actual, ha sido vista por los voceros empresariales como un riesgo evidente para la estabilidad del empleo y la continuidad de múltiples empresas en el país. La principal inquietud se centra en la eliminación de los estímulos fiscales que han sido esenciales para el desarrollo de sectores como la maquila, la agroexportación, el turismo y la construcción, lo cual, según los empresarios, podría llevar a una ola de cierres y despidos masivos, sobre todo en las pequeñas y medianas empresas.

Se anticipa que la reforma afectará no solo a las empresas, sino también tendrá repercusiones en las finanzas familiares y el entramado social de Honduras. Expertos y representantes de grupos sectoriales señalan que un descenso en la economía y la partida de compañías podrían llevar a un incremento del desempleo crónico, una expansión de la economía informal, migraciones forzadas y una caída en el consumo interno. Esta situación se complica debido al contexto actual del país, donde más de un millón de individuos buscan un trabajo digno y el trabajo informal impacta a una gran parte de los ciudadanos.

Consecuencias de suprimir beneficios tributarios y la amenaza al trabajo

La normativa de Equidad Fiscal incluye la eliminación de esquemas de exenciones y reducciones impositivas, impactando a más de diez industrias, tales como áreas libres, turismo, energías limpias y producción manufacturera. Según información del ámbito empresarial, en la actualidad, más de 400,000 puestos laborales directos y más de un millón de empleos indirectos dependen de estos esquemas, especialmente en la cadena de suministros y exportaciones de productos agrícolas e industriales. La eliminación de estos beneficios podría causar la clausura de fábricas, talleres, tiendas y fincas tanto en áreas urbanas como rurales, dejando a miles de hondureños sin trabajo formal y aumentando la presión sobre el sector informal.

El informe del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) advierte que la reforma fiscal podría perjudicar a sectores como el turismo, la manufactura y la agroindustria. Por ejemplo, en el ámbito de la manufactura se calcula que estarían en peligro 40.000 empleos y más de 733 millones de dólares en exportaciones; mientras tanto, en el sector turístico, el impacto podría traducirse en la pérdida de miles de empleos directos e indirectos y en una caída considerable en la inversión y los salarios. Además, el incremento de los costos operativos, particularmente para las micro, pequeñas y medianas empresas, haría inviable su operación en el mercado, lo que empeoraría la situación de desempleo y subempleo en el país.

Impactos sociales y opciones distintas del ámbito privado

La influencia social de la modificación se anticipa como inalterable, con el peligro de incrementar la miseria, el éxodo forzado y la falta de confianza tanto a nivel nacional como internacional. La expansión del sector informal y la disminución de empleos con seguridad social pueden empeorar las condiciones de vida y la recaudación tributaria, impactando a toda la sociedad hondureña. La inquietud de los emprendedores se extiende al efecto de cadena sobre la estabilidad social, alertando que la eliminación de trabajos podría empobrecer aún más al país.

Ante este panorama, el sector privado ha propuesto alternativas, como la reducción del Impuesto sobre Ventas (ISV) del 15 % al 12 %, con el objetivo de dejar más dinero en los bolsillos de los hondureños, estimular la economía y generar empleo. Además, sugieren que en lugar de eliminar los incentivos para todos los sectores, se realicen inspecciones y fiscalizaciones a las empresas exentas de impuestos que incurran en irregularidades, aprovechando las facultades que ya otorga la legislación vigente. El sector empresarial insiste en la necesidad de diálogo y consulta con todos los actores productivos antes de aprobar una reforma que podría tener consecuencias irreversibles para el desarrollo económico y social del país.

La discusión sobre la Ley de Justicia Fiscal sigue siendo acalorada, con urgentes peticiones al Congreso Nacional para analizar detenidamente el contenido de la ley y prevenir decisiones que puedan agravar los problemas estructurales de Honduras, como el desempleo, la pobreza y la migración.