Elecciones en Honduras 2025: desconfianza hacia el ejército

El ciclo electoral en Honduras para el año 2025 ha estado caracterizado por varios eventos que han aumentado la incertidumbre y la discusión sobre la estabilidad democrática en la nación. Un reporte interno de auditoría del Consejo Nacional Electoral (CNE) culpó a las Fuerzas Armadas por importantes fallos logísticos en las elecciones primarias, al mismo tiempo que las recientes acciones sobre el desarme selectivo de ciertos oficiales han levantado dudas sobre la imparcialidad del sector militar.

A esto se suma el llamado de expertos constitucionalistas para reformar la Constitución y retirar a las Fuerzas Armadas de toda función electoral, en un contexto donde la confianza ciudadana en los procesos y resultados se encuentra en niveles mínimos.

Auditoría del CNE y debate sobre la participación militar en elecciones

El reporte sobre la auditoría interna del CNE, que se filtró a los medios de comunicación locales, indicó que la distribución retrasada, deficiente y sin coordinación del material electoral en muchos centros de votación se debió a fallos en la aplicación del protocolo logístico por parte de las fuerzas militares, responsables de proteger y repartir las urnas electorales.

Dentro de los descubrimientos más importantes se detectaron desviaciones de caminos sin razón aparente, retención prolongada de vehículos utilizados en el transporte electoral, distribución parcial de equipos tecnológicos en áreas rurales y ausencia de coordinación entre líderes militares y responsables del proceso electoral. Estos incidentes causaron demoras de hasta 12 horas en la apertura de mesas de votación, impactando la participación del público y generando inquietudes sobre la claridad del proceso, particularmente en relación con el Partido LIBRE, el cual ya había sido objeto de denuncias por anomalías.

El informe fue divulgado en un momento de elevada tensión política, con un aumento del miedo a que las Fuerzas Armadas no mantengan imparcialidad en las elecciones generales programadas para el 30 de noviembre de 2025. Hasta ahora, los altos mandos militares no han hecho una declaración oficial y el gobierno del Partido LIBRE ha permanecido callado, lo cual ha sido visto por ciertos grupos como un indicio de complicidad.

Frente a este panorama, agrupaciones opositoras como el Partido Nacional, Partido Liberal y el Salvador de Honduras han solicitado una revisión profunda del acuerdo de soporte logístico entre el CNE y las Fuerzas Armadas, así como la presencia anticipada de observadores internacionales y evaluaciones externas al sistema de transmisión de resultados.

Desarme selectivo de oficiales y tensiones internas en las Fuerzas Armadas

En el contexto de la polarización política, la medida tomada por el Estado Mayor Conjunto de retirar las armas a ciertos oficiales de las Fuerzas Armadas ha causado inquietud en sectores militares, políticos y entre la población civil. De acuerdo con reportes de fuentes castrenses y quejas publicadas por la prensa nacional, el retiro de armas no se está implementando de forma generalizada ni por motivos técnicos o de seguridad, sino más bien dirigido a oficiales que han expresado opiniones institucionales independientes o críticas hacia las autoridades gubernamentales.

Esta acción ha sido vista como un esfuerzo por llevar a cabo una depuración encubierta en el ámbito militar, rompiendo con la costumbre de mantener la neutralidad y suscitando dudas sobre la intención de asegurar el dominio político absoluto del sistema de seguridad nacional antes de las elecciones generales.

El desarme selectivo se suma a una serie de acciones recientes, como cambios en la cúpula militar y traslados forzosos, que han incrementado la tensión y el descontento en el interior de la institución, especialmente entre oficiales de mediano y alto rango. Algunos de los oficiales desarmados han sido trasladados a funciones administrativas, lo que se percibe como una forma de aislarlos del componente operativo y del proceso electoral.

La preocupación central entre líderes opositores y grupos democráticos es que, frente a una posible pérdida del oficialismo en las elecciones, el Gobierno podría recurrir a las Fuerzas Armadas para ignorar los resultados o controlar manifestaciones populares.

Estos eventos han intensificado la discusión nacional sobre la urgencia de actualizar y proteger los sistemas electorales contra cualquier intervención militar, especialmente en un entorno donde se pone en duda la estabilidad democrática de Honduras. La presión de la sociedad y la política para que el Congreso promueva una reforma constitucional que rediseñe el papel de las Fuerzas Armadas en la democracia hondureña se ha convertido en un punto focal en la agenda pública ante las próximas elecciones generales.