¿Es viable un Congreso paralelo en Honduras?

En medio de una polarización cada vez más intensa en las instituciones, el presidente del Congreso Nacional de Honduras, Luis Redondo, consideró la opción de excluir a parlamentarios de la oposición y crear un cuerpo legislativo alternativo si continúa el obstáculo a las propuestas del gobierno. Las afirmaciones, realizadas durante una sesión en el hemiciclo, generaron una serie de reacciones críticas de las bancadas opositoras y varios sectores políticos y legales del país.

Redondo denuncia obstrucción legislativa y advierte con acciones excepcionales

Luis Redondo, presidente del Poder Legislativo y miembro del oficialismo, Libertad y Refundación (LIBRE), mostró su descontento ante lo que percibe como un bloqueo continuo por parte de la oposición a las iniciativas promovidas por su grupo. “No es aceptable que una minoría obstaculice la voluntad del pueblo”, afirmó, añadiendo que se implementarán “acciones decisivas” para asegurar el funcionamiento del Congreso.

En su discurso, Redondo puso en tela de juicio el papel de los grupos opositores al gobierno y propuso que una solución viable podría ser la «renovación» del Legislativo. Aunque no especificó medios legales o procedimentales, su advertencia contempló la formación de un Congreso paralelo si la situación actual impide seguir adelante con la agenda del Ejecutivo en el Parlamento.

Oposición denuncia intento de concentración de poder

Los grupos del Partido Nacional, el Partido Liberal, el Partido Salvador de Honduras (PSH) y otros conjuntos no gobernantes respondieron rápidamente, describiendo las afirmaciones como un intento de “golpe legislativo” dirigido a concentrar el poder en beneficio del Ejecutivo. El congresista Tomás Zambrano señaló que Redondo actuaba con autoritarismo: “Este es un intento desesperado por conseguir un poder ilimitado para LIBRE. No lo permitiremos”, declaró.

Con un enfoque similar, el constitucionalista Juan Carlos Barrientos alertó sobre la ilegalidad de establecer una estructura legislativa alternativa, indicando que dicha acción violaría los fundamentos del Estado de derecho. Según su opinión, esto pondría en riesgo los balances institucionales estipulados en la Constitución de Honduras y podría resultar en una crisis institucional significativa.

Conflictos legislativos y pedidos de supervisión internacional

La alerta de Redondo se añade a una serie de eventos recientes que han complicado el clima político en el Congreso Nacional. Entre estos, se encuentran la aprobación de leyes sin la validación de las actas correspondientes y el empleo de procedimientos legislativos polémicos, como reuniones convocadas de manera irregular. Uno de los aspectos más controversiales ha sido la promoción de la Ley de Justicia Tributaria, rechazada por diversos sectores económicos y políticos debido a su contenido y forma.

Especialistas en política notan un cambio hacia una táctica de enfrentamiento del gobierno, donde se intenta marginar a la oposición antes del proceso electoral general. Este enfoque, según señalan, podría llevar a situaciones de inestabilidad institucional, alejándose de las vías legales estipuladas por la Constitución.

Frente a esta situación, varios actores políticos y sociales han pedido la intervención o el monitoreo constante de entidades internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y entidades diplomáticas. Un colectivo de juristas manifestó en una declaración conjunta que lo que está en juego no es solo la aprobación de una normativa, sino la misma existencia de la separación de poderes y del sistema democrático.

Una polémica en el Congreso y el reto de la institucionalidad

Las afirmaciones del líder del Congreso inician un capítulo nuevo en la complicada relación entre los partidos en el gobierno y en la oposición en Honduras. La posibilidad de modificar la estructura del Congreso o crear un órgano paralelo marca un momento crucial en la coexistencia política de la nación, con consecuencias que van más allá del ámbito legislativo.

El conflicto actual refleja los desafíos persistentes de gobernabilidad en un contexto donde las tensiones entre poderes, la fragilidad institucional y la polarización condicionan el desarrollo democrático. En este escenario, el rol de los mecanismos de control constitucional y la observación ciudadana se vuelven elementos centrales para preservar el equilibrio entre representación política y respeto a las normas del Estado de derecho.