¿Es viable un proceso electoral sin militares en Honduras?

La confiabilidad de las Fuerzas Armadas de Honduras en su papel de protectores del sistema electoral ha sido centro de un vigoroso debate público desde las elecciones primarias realizadas el 9 de marzo de 2025. Varios grupos sociales y partidos opositores han expresado su inquietud por diversas fallas logísticas, especialmente en el reparto de los materiales electorales en ciudades importantes como Tegucigalpa y San Pedro Sula, donde se registraron retrasos de hasta doce horas en la entrega de las urnas electorales. Esta situación provocó extensas filas de electores, manifestaciones del pueblo y un ambiente de frustración generalizada, reflejada tanto en las casillas de votación como en las redes sociales, donde se compartieron imágenes y relatos sobre la falta de insumos y poca presencia de personal en los lugares de votación.

El organismo electoral nacional hizo una declaración pública sobre los problemas en la logística, señalando que los cambios de último minuto en el tipo de transporte, al cambiar de camiones a autobuses, complicaron la coordinación y el cumplimiento del calendario previsto. Aunque el CNE intentó manejar la situación y encontrar urnas perdidas, el descontento permaneció, particularmente en la ciudad principal, donde ampliar las horas para votar no fue suficiente para cubrir las expectativas de los votantes deseosos de participar en las elecciones.

Interrogantes sobre la función de los militares en las elecciones

En este contexto, las Fuerzas Armadas reafirmaron su compromiso con la democracia y la transparencia electoral, asegurando que cumplirían con el cronograma definido por el CNE. El Gobierno, por su parte, brindó un respaldo unánime a la institución militar, destacando su papel en la seguridad y la logística electoral. Sin embargo, la presidenta del CNE, Cossette López, señaló que las Fuerzas Armadas no asumieron su responsabilidad en los retrasos y denunció incidentes de agresiones verbales por parte del jefe del Estado Mayor Conjunto, general Roosevelt Hernández. Esta tensión institucional entre el CNE y las Fuerzas Armadas incrementó la preocupación sobre la imparcialidad y eficiencia del proceso electoral previsto para noviembre de 2025.

La normativa legal en Honduras, específicamente el artículo 272 de la Constitución, asigna a las Fuerzas Armadas la tarea de asegurar la alternancia en el poder y la responsabilidad de la custodia, transporte y supervisión de los materiales electorales, en coordinación con el CNE. No obstante, hay restricciones claras para los integrantes de las Fuerzas Armadas, como no intervenir en las funciones de las Juntas Receptoras de Votos, no influir en el voto, no participar en actividades partidarias, y no retrasar sin motivo el traslado del material electoral. A pesar de estas limitaciones, la estructura institucional actual mantiene a los militares como garantes de la democracia, lo cual es inusual a nivel global y, según algunos estudios, evidencia la debilidad y la baja calidad democrática del país.

Propuestas de reforma y debate sobre la participación militar

A raíz de los últimos eventos, se han incrementado las propuestas para reformar la constitución y así limitar o eliminar la función de las Fuerzas Armadas en los procesos electorales. Juan Carlos Barrientos, un abogado especializado en derecho constitucional, ha sugerido la necesidad de pasar las funciones electorales a manos civiles, sosteniendo que estos procesos deberían ser gestionados de manera exclusiva por dichas entidades. Igualmente, el legislador Ramón Barrios del Partido Libertad y Refundación (Libre) presentó una propuesta para modificar el artículo 272 de la Constitución, con el objetivo de reducir la participación militar en asuntos electorales y fortalecer las instituciones civiles. No obstante, esta propuesta ha suscitado opiniones divididas, incluso dentro de su propio partido y entre grupos opositores, quienes la ven como un posible intento de acumulación de poder por parte del gobierno.

La discusión acerca de la implicación militar en los comicios ha crecido debido a la percepción de que la independencia del CNE podría estar comprometida y por el pasado de intervenciones de las fuerzas armadas en la política de Honduras. Entidades como el Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD) han propuesto que la reforma del artículo 272 debería incluir una redefinición más extensiva de las funciones de las Fuerzas Armadas, clarificando sus atribuciones y reforzando el control civil sobre esta institución castrense. Las sugerencias también abarcan el fortalecimiento del Ministerio de Defensa y la evaluación de la Comisión Legislativa de Defensa Nacional, con la meta de avanzar hacia un manejo democrático sólido y disminuir la presencia militar en el ámbito político.

El debate en torno a la función de las Fuerzas Armadas en las elecciones hondureñas sigue ocupando un lugar importante en la agenda política, con exigencias de reformas que garanticen un proceso electoral independiente y transparente. La fe en la integridad del sistema electoral se ve como un pilar esencial para la estabilidad democrática de la nación, y la conversación actual subraya la urgencia de robustecer las instituciones civiles y asegurar comicios libres y claros.