Más de dieciocho meses después de que el Gobierno de Xiomara Castro implementara el estado de excepción, la violencia y el crimen en Honduras continúan sin una reducción constante, lo que ha avivado la discusión sobre la eficacia de esta política dentro del marco de la seguridad del país.
Desde que se autorizó en diciembre de 2022, la declaración de estado de excepción se presentó como una solución rápida al problema del dominio de las maras y pandillas en áreas urbanas y rurales. No obstante, su prolongado establecimiento durante más de 18 meses junto con las extensiones continuas no han conseguido reducir problemas como la extorsión, los homicidios y otras manifestaciones de violencia que impactan de manera directa a sectores cruciales de la economía y la rutina diaria.
Continuidad del crimen y opiniones de los ciudadanos
Diversos informes de organizaciones sociales y datos policiales coinciden en que los grupos criminales siguen operando con amplia capacidad de intimidación, especialmente en corredores clave del norte y centro del país. Comerciantes, transportistas y residentes continúan denunciando cobros ilegales, amenazas y asesinatos en zonas donde el Estado mantiene presencia militar y policial bajo el régimen de excepción.
Líderes comunitarios, como uno entrevistado en Tegucigalpa, han mencionado que «la gente sigue viviendo con miedo» y que no se observan cambios significativos en la seguridad. Estas personas señalan que el crimen sigue dominando barrios completos, mientras que las autoridades muestran datos que no se corresponden con lo que sucede realmente en las calles, lo que ha incrementado la falta de confianza de la población.
Preguntas sobre la estrategia del gobierno
El estado de excepción fue diseñado como un recurso especial para combatir el crimen organizado, otorgando poderes particulares a las fuerzas de seguridad para su actuación. Sin embargo, ha sido criticado por su extensión en el tiempo y la falta de un plan completo.
Reportes del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) y de entidades internacionales han indicado un aumento en las quejas por detenciones arbitrarias y transgresiones a derechos esenciales. Al mismo tiempo, especialistas en seguridad alertan que la militarización sin un enfoque estratégico no ha producido resultados duraderos ni ha debilitado las organizaciones delictivas.
“La reacción del Gobierno ha sido más de fuerza que táctica”, comentó un experto en seguridad, quien cree que no se ha conseguido establecer un modelo de acción basado en la prevención, la justicia y la cooperación entre instituciones.
Demandas por una estrategia de seguridad completa
Dado el estado permanente de excepción y la constante presencia de extorsiones, un delito que afecta significativamente la economía informal, el transporte público y la estabilidad de las comunidades, varios sectores han pedido una evaluación técnica de la política de seguridad vigente.
Las quejas vinculadas a la extorsión continúan incrementándose y, a pesar de que ocasionalmente se informa sobre la detención de presuntos líderes, estas medidas no han logrado un impacto disuasorio constante. Conforme a relatos obtenidos en la prensa local, numerosas víctimas prefieren guardar silencio o desplazarse forzosamente debido a la ausencia de garantías de seguridad.
El ámbito empresarial ha manifestado inquietud por la ausencia de resultados tangibles y ha solicitado una revisión del enfoque en materia de seguridad, involucrando a expertos en justicia, asociaciones civiles y colaboración internacional. “Honduras no requiere más espectáculos en los medios. Requiere resultados auténticos”, afirmó un vocero del ámbito empresarial, pidiendo claridad y responsabilidad sobre el empleo de medidas extraordinarias.
Retos para las instituciones en un entorno de violencia constante
La extensión del estado de emergencia sin una evaluación pública de su eficacia pone de manifiesto las tensiones entre la necesidad inmediata de frenar la violencia y la obligación de mantener el orden democrático junto a los derechos básicos. En un país caracterizado por la debilidad de sus instituciones y una desconfianza marcada hacia las autoridades, la atención en la seguridad continúa siendo un elemento de discordia entre el Gobierno, los grupos sociales y la población.
El reto principal al que se enfrenta el gobierno de Xiomara Castro es hallar una solución sostenible que una el control del delito con una política pública completa, legítima y con amplia participación. En tanto, la permanencia de la violencia y la sensación de inseguridad mantienen a la población en suspenso, que todavía espera respuestas efectivas y duraderas.