Honduras cuestiona la validación biométrica en telefonía

La imposición obligatoria de la verificación biométrica para los usuarios de teléfonos móviles en Honduras ha suscitado un debate considerable en varios sectores, incluyendo el político, legal y social. Esta iniciativa, impulsada por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), requiere que los ciudadanos confirmen sus datos biométricos antes del 1 de junio de 2025 para no perder el servicio de sus líneas móviles. La falta de cumplimiento con esta disposición podría llevar a la pérdida de los números actuales, generando preocupación entre la población y diferentes grupos.

El sistema de validación biométrica requiere que las personas proporcionen una imagen de su cara junto con su Documento Nacional de Identidad (DNI) para confirmar quiénes son. CONATEL sostiene que esta medida pretende luchar contra crímenes como la extorsión y el uso de líneas telefónicas sin identificar, que complican el trabajo de los cuerpos de seguridad. No obstante, esta acción ha suscitado dudas respecto a su legalidad, transparencia y las posibles repercusiones en la privacidad de la población.

Debates legales y políticos sobre la autentificación biométrica

Varios representantes políticos y sociales han manifestado su inquietud por la legalidad y gestión de los datos biométricos obtenidos. El legislador Carlos Umaña, del Partido Salvador de Honduras (PSH), ha indicado que la acción carece de un soporte legal adecuado, describiéndola como «totalmente ilegal» y sugiriendo a la población que no acate la orden hasta que haya un marco jurídico claro que regule la recopilación y utilización de datos biométricos por parte de CONATEL. Esta posición evidencia una controversia sobre la validez de la medida y la salvaguardia de derechos esenciales.

Por su parte, Roberto Montenegro, líder del Partido Alianza Patriótica, ha expresado preocupaciones acerca del uso político potencial de los datos biométricos, especialmente en un año de elecciones. Montenegro afirma que solo el Registro Nacional de las Personas (RNP) posee la autoridad legal para manejar información biométrica, lo que cuestiona la capacidad de CONATEL para implementar esta propuesta. Estas críticas destacan la inquietud por la posible manipulación política de información sensible y la necesidad de asegurar la protección y privacidad de los ciudadanos.

En su declaración, el presidente de CONATEL, Lorenzo Sauceda, ha argumentado que la decisión es legítima, clara y respetuosa. También ha rechazado que la verificación biométrica tenga propósitos electorales, explicando que el proceso es implementado por las compañías de telecomunicaciones, no por el gobierno de manera directa. Igualmente, ha asegurado que no se está formando un nuevo registro de datos estatal y que la información recopilada no será usada para otros propósitos que los acordados, tratando de así despejar las preocupaciones sobre el manejo de los datos.

Visión y futuros pasos en la discusión sobre la autenticación biométrica

CONATEL ha sido llamada a presentarse ante la Comisión de Seguridad y Prevención Ciudadana del Congreso Nacional el 28 de mayo de 2025. Su objetivo es clarificar las bases técnicas y legales de la autenticación biométrica. Esta reunión será crucial para tratar inquietudes sobre la privacidad, la legalidad y la transparencia del procedimiento, y podría afectar la continuidad o ajuste de la iniciativa.

La discusión pública ha generado un extenso intercambio en plataformas sociales y comunidades de ciudadanos, donde numerosos participantes han mostrado su inconformidad y preocupación por la potencial invasión a su privacidad y la falta de transparencia en la ejecución. Algunos incluso han indicado su intención de no acatar la validación, dudando de la habilidad de las autoridades para desactivar millones de líneas telefónicas sin causar serios perjuicios en las comunicaciones del país.