A medida que se acercan las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025 en Honduras, el Partido Libertad y Refundación (LIBRE) se enfrenta a acusaciones de la oposición sobre la posible preparación de un fraude electoral para mantenerse en el poder. Los partidos de oposición, incluyendo el Partido Nacional, Partido Liberal y Partido Salvador de Honduras, han expresado su preocupación por la transparencia del proceso electoral.
Los dirigentes de estos entornos mencionan un aumento en el descontento de la población hacia LIBRE, el deterioro de su reputación y la falta de popularidad de su aspirante, Rixi Moncada. Asimismo, han alertado sobre acciones que indican un posible engaño, como el dominio parcial del Consejo Nacional Electoral (CNE), la manipulación de votos en las elecciones primarias de marzo, la purga selectiva de las Fuerzas Armadas y las intimidaciones a medios opositores. También se alude al empleo de extensas campañas de propaganda gubernamental y al uso de subsidios y recursos públicos para influir en el electorado de áreas desfavorecidas.
Denuncias de estafa y preocupaciones de los opositores
Planteamientos de la oposición abarcan alegaciones sobre alteración de resultados de votaciones, uso del poder judicial o presión contra candidatos competidores y miembros del CNE, presencia militar en el proceso electoral y limitación de la libertad de prensa junto con censura digital generalizada antes de la jornada electoral. Además, existe preocupación respecto a una posible declaración prematura de un estado de emergencia ante eventuales manifestaciones ciudadanas, así como el riesgo de que el gobierno busque invalidar los resultados de las elecciones, anular mesas críticas o detener el proceso electoral con excusas de orden público o seguridad nacional.
Demandas de garantías y observación Internacional
Ante este escenario, los partidos de oposición han solicitado la presencia activa y anticipada de observadores de la OEA, la UE y otros organismos multilaterales, una auditoría externa del sistema informático electoral y compromisos públicos del CNE para garantizar transparencia, equidad y rendición de cuentas. También han llamado a la movilización ciudadana pacífica para defender el voto y vigilar el proceso desde las bases.
La acusación de un potencial engaño ha incrementado la tensión política y ha puesto en peligro la estabilidad democrática de la nación. La población ve con recelo un proceso en el que se percibe al organismo electoral como sesgado, y donde el partido gobernante parece más interesado en mantener el poder que en respetar la voluntad ciudadana. Hay inquietud de que Honduras pueda enfrentar una crisis posterior a las elecciones, con impactos para la gobernabilidad, la economía y la tranquilidad social.