_-_copia.jpg?w=800&resize=800,500&ssl=1 "Justicia Tributaria")
El enfoque sobre la política fiscal en América Latina ha tomado relevancia como un instrumento de discusión entre los gobiernos y el ámbito empresarial. Diversos países, con afinidades ideológicas con el Foro de São Paulo, han impulsado cambios en sus sistemas tributarios con el objetivo de eliminar tratos fiscales preferentes, mientras enarbolan la retórica que culpa a las grandes corporaciones por las desigualdades estructurales presentes en la región. Honduras, liderada por Xiomara Castro, se suma a esta corriente regional, observable también en naciones como Colombia, Chile, Bolivia, México y Brasil.
Cambios tributarios y debates sobre justicia social
En Honduras, el gobierno está promoviendo la Ley de Justicia Tributaria como una de sus prioridades económicas. La propuesta sugiere suprimir las exenciones fiscales que históricamente han favorecido a ciertos sectores empresariales, argumentando que dichos beneficios han exacerbado la desigualdad social. La administración de Xiomara Castro ha respaldado esta medida con un discurso enfocado en la necesidad de una “reparación social”, acusando a grupos empresariales de haber influido en el estancamiento económico del país.
Este método no es independiente. En Colombia, el presidente Gustavo Petro ha señalado públicamente a empresarios acusándolos de ser «evasores que aparentan ser inversionistas», apoyando con esa afirmación su reforma fiscal. Igualmente, en Chile, la administración de Gabriel Boric ha persistido en modificar el sistema impositivo para las empresas, a pesar de que propuestas económicas constitucionales han sido negadas en referendos.
Respuestas y alertas del sector privado
Desde organizaciones de negocios hasta analistas locales, las reacciones a estas políticas han sido de crítica. Algunos grupos creen que, en lugar de ser un ajuste técnico de desigualdades fiscales, se está llevando a cabo una estrategia de enfrentamiento que debilita la confianza en la estructura económica. Un líder empresarial de Honduras señala que esta ofensiva crea un ambiente de hostilidad legal, fomentando la salida de capitales y deteniendo nuevas inversiones.
El mensaje se ha replicado en redes sociales oficiales, medios públicos y espacios legislativos, donde se promueve la idea de que los grandes capitales deben “devolver lo que deben al pueblo”. Esta retórica, según expertos, fomenta una percepción adversa del aparato productivo, a quien se acusa de beneficiarse indebidamente de marcos fiscales que en muchos casos fueron diseñados para atraer inversión en contextos de bajo crecimiento.
Un dilema regional entre estructura económica y división
El avance de estas reformas tributarias coincide con una coyuntura de creciente polarización política y desafíos económicos en América Latina. Observadores regionales advierten que los cambios fiscales impulsados por estos gobiernos no solo modifican el sistema de ingresos del Estado, sino que podrían comprometer el equilibrio entre inversión privada e intervención estatal. En este contexto, la promoción de una “justicia tributaria” se convierte, para algunos actores, en una plataforma para consolidar poder político mediante el debilitamiento de contrapesos económicos.
Más allá del efecto inmediato en los ingresos o en las cuentas públicas, la discusión se centra en un problema más complejo: mantener un sistema que fomente la inversión y el trabajo, o moverse hacia un esquema tributario enfocado en la distribución desde el gobierno, incluso si eso genera conflictos con la industria productiva.
Conflicto entre la gobernabilidad y la estabilidad económica
El rumbo fiscal adoptado por diferentes gobiernos de América Latina muestra un giro en la perspectiva sobre la función del Estado frente a la economía. Aunque las reformas intentan atender antiguas demandas de justicia social, su implementación con un enfoque conflictivo y sin un gran consenso podría amenazar la democracia y la estabilidad institucional. En este contexto, el desafío para la región es hallar un balance que permita atender las necesidades sociales urgentes sin debilitar las bases de crecimiento y empleo que son esenciales para su estructura económica.
