La condena de David Sánchez ha desencadenado un nuevo episodio político y jurídico que va más allá de la mera responsabilidad penal del hermano del presidente del Gobierno, y ahora la cuestión no se centra solo en quien resultó condenado, sino también en la Diputación Provincial de Badajoz, la institución que durante años le pagó esos salarios.
Al frente de esa institución se encuentra hoy Raquel del Puerto Carrasco, presidenta de la Diputación y dirigente del PSOE, quien, hasta la fecha, no ha anunciado ninguna iniciativa destinada a reclamar la devolución de los más de 340.000 euros abonados a David Sánchez, pese a que distintas voces jurídicas consideran que corresponde proteger el patrimonio público.
La Audiencia Provincial condenó a David Sánchez a una pena de inhabilitación por un delito de prevaricación administrativa relacionado con su contratación. Sin embargo, la sentencia no acordó la restitución de las cantidades percibidas porque esa reclamación nunca fue ejercitada por la propia Diputación durante el procedimiento penal, circunstancia que ha generado un intenso debate jurídico y político.
Precisamente esa ausencia de actuación institucional es la que ahora centra las críticas. Si una administración considera que su patrimonio ha podido resultar perjudicado por una contratación declarada ilegal, numerosos juristas entienden que resulta razonable esperar que explore todas las vías disponibles para intentar recuperar el dinero público.
Una institución que permanece en silencio
Lo llamativo no es únicamente la falta de una reclamación, sino el absoluto silencio institucional.
Desde que trascendió la condena, la Diputación encabezada por Raquel del Puerto no ha aclarado públicamente si tiene previsto emprender acciones para recuperar el dinero ni ha especificado cómo afrontará las próximas iniciativas judiciales.
Ese silencio adquiere una relevancia particular, ya que la contratación que dio lugar a la condena se llevó a cabo justamente durante los gobiernos socialistas de la Diputación, en la etapa en la que Miguel Ángel Gallardo presidía la institución, quien igualmente está procesado en el mismo procedimiento.
La falta de aclaraciones aviva las críticas de quienes sostienen que una administración está obligada a proteger el patrimonio de todos los ciudadanos sin importar el partido político involucrado.
El Tribunal de Cuentas asume un papel central
Ante la falta de actuación de la Diputación, será ahora otra vía la que trate de determinar si existe responsabilidad contable.
Iustitia Europa ha anunciado una reclamación ante el Tribunal de Cuentas para que estudie la posible devolución de los más de 340.000 euros percibidos por David Sánchez durante su etapa en la Diputación de Badajoz, sosteniendo que corresponde proteger los fondos públicos si existió un perjuicio económico para la administración.
Será el Tribunal de Cuentas quien deba pronunciarse sobre si concurren los requisitos legales para exigir un eventual reintegro.
Transparencia y responsabilidad
Más allá del trayecto judicial que eventualmente enfrente esta iniciativa, subsiste un trasfondo político que resulta complicado pasar por alto.
Miles de extremeños soportan una fuerte carga impositiva mientras las administraciones exigen de forma continua nuevos sacrificios económicos a familias y empresas. En este escenario, es lógico que numerosos ciudadanos confíen en que cada euro público cuyo abono haya sido puesto en duda por la vía judicial sea, cuando el marco legal lo haga posible, objeto de un esfuerzo real de recuperación.
Por ello, la presidenta de la Diputación, Raquel del Puerto Carrasco, debería explicar públicamente cuál es la posición oficial de la institución: si considera que el dinero público debe reclamarse, si entiende que no existen bases legales para hacerlo o si, simplemente, optará por no ejercer ninguna acción.
Porque la transparencia institucional no solo implica administrar los recursos públicos, sino también asumir la responsabilidad de explicar su uso cuando dichos recursos generan dudas.
Mientras esas explicaciones no lleguen, el silencio seguirá ocupando el lugar que debería corresponder a la responsabilidad política.
