Dos dramas recurrentes presentan la imagen de Francia y el Reino Unido, dos países portadores de los más altos valores de los derechos humanos, los que viven los inmigrantes que, cada día, saliendo de la costa francesa, intentan cruzar el Canal de la Mancha y, a veces, se ahogan allí. Sólo durante los primeros tres meses de 2024, al menos diez de ellos murieron, según la prefectura del Norte. Los cruces marítimos clandestinos comenzaron en 2018, tras intentos a través del túnel, tras años de “securitización” cada vez más drástica de la zona que lo rodea.
El gobierno conservador británico ha hecho la franquicia canal por barcos pequeños, estos botes inflables alquilados a precios elevados por los traficantes, tienen tal interés en vísperas de las elecciones legislativas que no ha dejado de aumentar su presión sobre las autoridades francesas. Desde el año 2000, acordaron actuar como guardianes de la frontera del Reino Unido.
Las terribles consecuencias de esta situación se describen en la investigación conjunta de El mundo y los medios Informes del faro. Testigos vieron a agentes de policía a varias decenas de metros de la costa francesa intentando perforar embarcaciones abarrotadas; otros crean olas para disuadir las salidas. Un exiliado sirio murió tras una intervención policial. En cuanto al ahogamiento de 27 personas en el Canal de la Mancha el 24 de noviembre de 2021, podría estar relacionado con la falta de respuesta a sus llamadas de socorro por parte del centro de rescate francés. La sospecha de obstrucción de la investigación judicial abierta tras esta tragedia preocupa a las autoridades militares.
Esta masacre silenciosa en un mar que separa dos de los países más ricos del mundo tiene una causa: el cinismo repugnante de los contrabandistas, que se aprovechan de la angustia de los migrantes que huyen de la pobreza y la represión. Pero se desarrolla dentro de un marco jurídico específico: los acuerdos que, desde los de Sangatte (2000), du Touquet (2003) y Sandhurst (2018), delegan la vigilancia de la frontera británica a las fuerzas del orden francesas.
Prácticas cada vez más violentas
En marzo de 2023, Londres prometió el pago de 543 millones de euros a Francia en tres años para “detener más barcos”, y 700 policías y gendarmes franceses están asignados a esta tarea. Los agentes británicos que participan en reuniones policiales francesas se han convertido “extremadamente intrusivo”, según un ejecutivo de la gendarmería. Estas presiones explican, sin justificar en modo alguno, prácticas cada vez más violentas.
De fait, la France, en particulier les migrants de gagner la côte anglaise, joue un rôle analogue à celui, contestable, qu’acceptent la Turquie ou la Libye s’agissant des migrations vers l’Europe, en échange d’un financement de la Unión Europea. Este papel de Francia como “brazos policiales de la política migratoria británica”, pronunciada en 2015 por la Comisión Nacional Consultiva de Derechos Humanos (CNCDH), debe ser cuestionada. Emmanuel Macron, que lo cuestionó antes de 2017, no ha hecho más que reforzarlo desde que está en el Elíseo.
Para detener las tragedias recurrentes en el Canal de la Mancha se requiere una lucha incesante contra los traficantes y un respeto absoluto de los derechos humanos por parte de la policía. Pero la situación exige también que se vuelvan a discutir las condiciones de la cooperación franco-británica, actualmente unilateral, y se definan alternativas a un estado de tensión en toda la costa del norte de Francia, que no hace más que inflamar el debate sobre la inmigración.
