El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) se encuentra inmerso en una de sus crisis internas más complejas debido a la gestión del denominado “caso Salazar”, el escándalo de supuesto acoso sexual y abuso de poder que involucra al exasesor de La Moncloa Paco Salazar y a su colaborador cercano, Antonio Hernández, quienes hasta hace pocos días formaban parte del círculo de máxima confianza del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien actualmente está rodeado de múltiples casos de corrupción.
Quién es Paco Salazar y qué se le atribuye
Francisco José “Paco” Salazar, destacado militante del PSOE en Sevilla, desempeñó el cargo de alcalde de Montellano y más tarde fue diputado en el Congreso, además de asumir roles estratégicos junto a Pedro Sánchez tanto en Ferraz como en el Palacio de La Moncloa.
En los últimos meses, varias militantes y trabajadoras socialistas que estuvieron bajo sus órdenes han denunciado internamente comportamientos que califican de acoso sexual y abuso de poder: comentarios de contenido sexual, invitaciones insistentes a encuentros privados fuera del horario laboral y ofrecimientos de alojamiento en su domicilio, siempre en un contexto de relación jerárquica.
A raíz de estas denuncias, Salazar fue apartado de sus responsabilidades en el partido y dejó de formar parte de la Ejecutiva federal, así como de su posición de influencia en La Moncloa. Los hechos se investigan en el marco de los protocolos internos contra el acoso del PSOE y podrían derivar en acciones judiciales si así lo deciden las denunciantes, pero de momento, hay silencio.
El papel de Antonio Hernández, la mano derecha cesada
Antonio Hernández, hasta ahora director del Departamento de Coordinación Política en La Moncloa y figura clave en el engranaje político del Gobierno, era considerado la mano derecha de Salazar y su principal apoyo en el día a día.
Las mujeres que denunciaron a Salazar señalaron también a Hernández como presunto “cómplice” y “encubridor” de los abusos, al entender que conocía las circunstancias y no actuó para proteger a las víctimas, extremo que él niega.
En pleno escándalo, el presidente Pedro Sánchez decidió promover su cese tanto en La Moncloa como en la estructura orgánica del PSOE andaluz, decisión que el Consejo de Ministros ha formalizado estos días, en lo que se ha interpretado como un intento de “cauterizar” la crisis y cortar cualquier apariencia de connivencia con las conductas atribuidas a Salazar.
Críticas a la gestión interna del PSOE y reacción tardía
Diversas informaciones de prensa señalan que el PSOE tardó más de cuatro meses en contactar formalmente con las víctimas tras conocerse las primeras denuncias, lo que ha generado una fuerte contestación interna y un severo desgaste en la imagen del partido. El propio funcionamiento del comité antiacoso ha sido cuestionado por su lentitud, falta de coordinación y escasa comunicación con la dirección federal, en un partido que se jacta de su orientación feminista.
Al mismo tiempo, voces críticas desde el propio socialismo reclaman una reforma profunda de los protocolos internos y de la cultura organizativa, para evitar lo que describen como “entornos protectores con los presuntos agresores” y situaciones de desamparo para las mujeres que denuncian.
La posición del Gobierno de Pedro Sánchez
La portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Pilar Alegría, ha subrayado que el Ejecutivo ha respondido con “celeridad y firmeza” tras recibir formalmente las acusaciones, resaltando la destitución de Salazar, su salida de la Ejecutiva del PSOE y, en este momento, la remoción de Antonio Hernández.
Alegría ha admitido públicamente que su reciente encuentro con Salazar —realizado cuando las acusaciones ya eran de conocimiento público— fue un “error”, destacando que el foco del debate deben ser las víctimas y no el impacto político para el partido.
Paralelamente, diversas informaciones señalan un posible frente judicial para el PSOE como entidad jurídica, ante la hipótesis de que la Justicia pudiera evaluar si existieron responsabilidades organizativas en el manejo de las denuncias. Fuentes fiscales mencionadas por algunos medios indican la posibilidad de que el partido sea investigado por un supuesto delito de acoso sexual como organización, un aspecto que, en este instante, no es más que una posibilidad jurídica bajo consideración y que no implica ninguna imputación efectiva.
Reacción de la oposición y deterioro político
El Partido Popular ha anunciado que utilizará su mayoría en el Senado para llamar a declarar a Paco Salazar en el marco de la comisión del llamado “caso Koldo”, aprovechando la relevancia pública que ha adquirido el exasesor. Desde el PP se acusa a Sánchez de ser el presidente “más dañino para las mujeres”, ligando el caso Salazar a otros episodios polémicos en materia de igualdad y protección de las víctimas.
La totalidad de la oposición ha centrado su atención en la serie de designaciones, destituciones y reubicaciones en el círculo de Salazar, además del hecho de que dos de sus colaboradoras más cercanas habrían sido trasladadas a empresas públicas en los años recientes, lo cual fortalece la narrativa de una red de confianza alrededor del exasesor dentro del aparato estatal.
Un caso abierto que pone a prueba los protocolos y la credibilidad del partido
El caso de Salazar, junto con el de Antonio Hernández, ha generado un significativo agujero político y moral en el PSOE liderado por Pedro Sánchez, en un entorno caracterizado por la demanda social de tolerancia cero ante el acoso sexual y los abusos de poder en los ámbitos laboral y político.
Mientras se finalizan los expedientes internos y se consideran las posibles acciones legales, el partido enfrenta un doble desafío: por un lado, debe demostrar que sus protocolos contra el acoso son efectivos y priorizan a las víctimas; por otro, necesita reconstruir la confianza tanto de su electorado como de la opinión pública, que observa con inquietud la serie de filtraciones, rectificaciones y destituciones que rodean al caso.
En cualquier circunstancia, tanto Paco Salazar como Antonio Hernández conservan, hasta el día de hoy, su derecho a la presunción de inocencia ante la Justicia, mientras se espera la completa aclaración de los hechos y la posible apertura de procedimientos penales. Los pasos siguientes del PSOE y del Gobierno de Pedro Sánchez serán cruciales para evaluar el impacto político, institucional y judicial de este escándalo. Sin embargo, por ahora, a pesar del deber legal, no se ha informado de que el PSOE haya presentado alguna denuncia ante las autoridades, como ha sucedido en otros casos de corrupción que afectan al partido.
