Diversos sectores de la sociedad hondureña y organismos internacionales expresan alarma ante el control institucional que ejerce el oficialismo en medio de una coyuntura política marcada por tensiones sobre la gobernabilidad y la democracia.
Fortalecimiento del control en entidades principales del Estado
Desde que comenzó la administración liderada por la presidenta Xiomara Castro, el partido Libertad y Refundación (LIBRE) ha aumentado su poder en las instituciones clave del Estado. El impacto del gobierno ha alcanzado al Congreso Nacional, la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, la Policía Nacional y el Tribunal Superior de Cuentas.
De acuerdo con denuncias de la oposición, varios de estos nombramientos se han realizado sin respetar los procedimientos legislativos establecidos y en el marco de acuerdos políticos sin transparencia. La diputada Maribel Espinoza, miembro de la bancada opositora, señaló que el propósito del partido en el poder va más allá de gobernar, al advertir que busca “controlar todo”, incluyendo instituciones como el Consejo Nacional Electoral (CNE), el Registro Nacional de las Personas (RNP) y las Fuerzas Armadas.
El crecimiento del poder de las instituciones genera cuestionamientos acerca del balance entre los poderes del Estado y la efectividad de los mecanismos democráticos para el control político.
Avisos sobre amenazas a la democracia y reclamos de hostigamiento
Expertos y entidades de análisis han alertado sobre el riesgo de que la acumulación de poder lleve a un debilitamiento de la estructura democrática. El Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD) ha destacado que esta situación puede socavar la autonomía de las instituciones públicas y abrir paso a un tipo de gobierno con características autoritarias.
Los paralelos con otras situaciones en América Latina han sido un tema frecuente en las discusiones públicas. Algunos expertos equiparan la realidad de Honduras con los eventos ocurridos en naciones como Nicaragua y Venezuela, donde el control de las instituciones por el gobierno ha resultado en limitaciones a la participación política y en el estrechamiento de oportunidades para la oposición.
En este contexto, también es importante considerar la inquietud relacionada con la manera en que se trata a los sectores autónomos, especialmente a los medios de comunicación y las figuras empresariales. Informes recientes destacan un incremento en la presión sobre periodistas críticos, tal como se evidencia en el caso del periodista Rodrigo Wong Arévalo, además de las campañas del gobierno que critican abiertamente a determinados grupos empresariales conocidos como «las 10 familias».
Las organizaciones de ámbito nacional e internacional han señalado que estas medidas podrían constituir un patrón que busca desalentar la crítica y restringir la diversidad de opiniones en la discusión pública.
Llamados a la vigilancia internacional y advertencias desde la sociedad civil
Ante este panorama, distintas organizaciones han dirigido exhortos a la comunidad internacional, particularmente a organismos como la Organización de Estados Americanos (OEA) y Naciones Unidas (ONU), para que mantengan una observación activa sobre la situación política de Honduras.
El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) manifestó en un comunicado que la ciudadanía debe mantenerse atenta frente a los riesgos que representa la centralización del poder político. En el mismo mensaje, la entidad sostuvo que cuando “el poder se concentra en una sola mano, la libertad está en peligro”, y pidió que se garantice un proceso electoral libre y transparente en las elecciones previstas para noviembre de 2025.
Este llamado se produce en un entorno de creciente desconfianza hacia las instituciones y una creciente demanda de garantías democráticas, donde se debate el papel de los actores internacionales como defensores del respeto a los principios constitucionales y los derechos políticos de los ciudadanos.
Un momento caracterizado por retos a la institucionalidad
La realidad actual muestra tensiones en la estructura del sistema democrático de Honduras, especialmente en lo que se refiere a la división de poderes, la responsabilidad y el acceso justo a las áreas de participación política. El incremento del control institucional por el partido gobernante ocurre en un contexto donde los mecanismos de equilibrio enfrentan restricciones para funcionar de manera independiente.
En este contexto, los meses venideros serán cruciales para medir la habilidad de las instituciones hondureñas de preservar su independencia, además del grado de receptividad del sistema político hacia la crítica y la participación diversa en un proceso electoral que ya empieza a delinearse como fundamental para el porvenir político del país.
