_-_copia.jpg?w=800&resize=800,500&ssl=1 "Caso Koriun en Honduras")
La crisis causada por el esquema piramidal a gran escala de la financiera Koriun Inversiones ha aumentado en las semanas recientes, llevando a manifestaciones ciudadanas en Tegucigalpa y San Pedro Sula que demandan medidas concretas por parte del gobierno de Honduras. Personas afectadas de diversas partes del país culpan a la falta de acción institucional frente a un caso que ha generado pérdidas millonarias a más de 35,000 individuos. La respuesta del Estado, hasta ahora insuficiente, ha intensificado las críticas públicas y reabierto cuestionamientos sobre la capacidad del sistema financiero y judicial para prevenir y castigar fraudes de tal envergadura.
Denuncias públicas e institucionales bajo cuestionamiento
Las protestas más recientes se caracterizaron por lemas que apuntan al gobierno de la presidenta Xiomara Castro y a organismos del Estado como la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS). Los participantes afirman haber sido víctimas de un esquema financiero engañoso, y hasta ahora no se ha definido un plan de compensación ni se han localizado culpables directos de forma eficiente.
Una de las críticas más destacadas se dirige a la CNBS. Los manifestantes señalan que el organismo regulador ha recibido quejas formales acerca de las actividades irregulares de Koriun, sin que se hayan tomado acciones preventivas o correctivas. Estas informaciones han intensificado la percepción de una potencial negligencia institucional, lo que ha incrementado la desconfianza en la vigilancia estatal del sistema financiero no bancario.
Oposición al empleo de recursos públicos y demanda de responsabilidad penal
Los perjudicados también han desaprobado propuestas informales que plantean emplear recursos del gobierno para resarcir las pérdidas causadas por el fraude. La propuesta de usar dinero estatal ha sido considerada por los protestantes como una acción inapropiada que transferiría la obligación del engaño a toda la población, en lugar de buscar a los responsables directos y colaboradores del esquema piramidal.
Durante las manifestaciones, numerosas pancartas dejaron claro el descontento con las decisiones tomadas por las autoridades. Frases como “El Gobierno también tiene culpa” y “Koriun defraudó, el Estado encubierto” sugieren una historia donde no solo los autores de la estafa, sino también las entidades de supervisión y judiciales, tienen parte de responsabilidad por la falta de acciones rápidas.
En simultáneo, la falta de progresos notables en el Ministerio Público ha causado críticas de grupos ciudadanos que sienten que hay una falta de intención política para resolver el caso judicialmente de manera efectiva. La inacción de la Fiscalía ante un caso de gran trascendencia social e institucional ha creado un nuevo punto de tensión entre la sociedad civil y el sistema judicial.
Perspectivas de desplazamiento y presión global
Dado el estancamiento en los progresos, grupos cívicos han comunicado la planificación de más días de manifestaciones y han considerado la opción de llevar el conflicto a niveles internacionales. Para ciertas partes, recurrir a procesos legales en el ámbito internacional se considera un modo de ejercer presión sobre el Estado hondureño para que cumpla con sus obligaciones en lo que respecta a justicia y compensación.
El conflicto ha puesto de manifiesto no solo la magnitud del fraude, sino también las deficiencias en la regulación de entidades financieras informales y la limitada capacidad de respuesta frente a delitos económicos de gran magnitud. El caso Koriun ha centrado el debate nacional en la urgencia de implementar reformas que fortalezcan los sistemas de supervisión, castigo y reparación, en un contexto de creciente desconfianza hacia las instituciones.
Una visión dominada por el deterioro institucional
El avance del caso Koriun muestra una situación donde las demandas sociales de justicia chocan con la tardanza institucional. La incertidumbre respecto a la gestión de los recursos, la culpabilidad de los involucrados y el papel de las entidades reguladoras ha puesto al Gobierno bajo un escrutinio intenso. El desafío para las autoridades y el sistema judicial no es solo solucionar el caso, sino también recuperar la confianza de la ciudadanía en la habilidad de las instituciones para salvaguardar los derechos financieros de las personas en un país donde los mecanismos de control permanecen débiles.
