_-_copia.jpg?w=800&resize=800,500&ssl=1 "Honduras prioriza gasto militar")
En un contexto marcado por la precariedad del sistema sanitario y una creciente presencia militar en asuntos civiles, el anteproyecto de presupuesto presentado por el Gobierno de Honduras ha generado un amplio debate político e institucional. La propuesta contempla un incremento sustancial en los fondos asignados a la Secretaría de Defensa Nacional, mientras que reduce el presupuesto destinado a la Secretaría de Salud, lo que ha provocado reacciones críticas desde diversos sectores sociales y legislativos.
Revisión de las distribuciones presupuestales
El borrador presentado al Congreso Nacional anticipa un incremento significativo en el presupuesto destinado a las Fuerzas Armadas, mientras que plantea reducciones en áreas esenciales del sistema de salud pública. De acuerdo con la información divulgada, estos recortes impactarían directamente en la adquisición de medicamentos, la sostenibilidad de programas comunitarios de vacunación y la contratación de profesionales de salud en centros asistenciales públicos.
La medida ha sido cuestionada por profesionales del sector salud y organizaciones civiles, quienes consideran que la redistribución de recursos debilita la capacidad del Estado para responder a necesidades urgentes de la población. Una médica del Hospital Escuela Universitario, uno de los centros de atención más importantes del país, advirtió que el ajuste presupuestario compromete la atención médica básica en momentos en que muchos hospitales ya operan al límite de su capacidad.
Reacciones desde la oposición y la sociedad civil
El recorte de recursos destinados al sector de la salud ha recibido críticas de diputados opositores y miembros de instituciones y asociaciones médicas. Ellos opinan que esta medida sugiere una inclinación política que prioriza el desarrollo del sistema de seguridad en contra de los derechos sociales. Desde estos grupos se indica que el enfoque en el gasto en defensa podría estar más relacionado con una táctica de control social que con una solución efectiva a los problemas estructurales del país.
El desequilibrio entre el incremento del presupuesto destinado a la defensa y las reducciones en el sistema de salud ha sido interpretado por varios actores como un indicio alarmante respecto a las prioridades del Ejecutivo. Desde el Congreso Nacional, algunas figuras han solicitado reconsiderar el proyecto preliminar y exigen una redistribución de fondos que favorezca la salud, la educación y la inversión social, especialmente en una nación donde grandes grupos de habitantes dependen exclusivamente de los servicios públicos.
Manejo de la autoridad y presencia militar
El aumento en los recursos asignados a la Secretaría de Defensa se produce en un contexto en el que las Fuerzas Armadas han asumido un rol creciente en tareas como la seguridad interna, la gestión de crisis sociales y la participación en procesos electorales. Este fenómeno ha sido señalado por analistas como parte de una tendencia regional que refuerza el papel de los militares en la administración pública, en detrimento de los mecanismos democráticos y de participación ciudadana.
Un experto en gobernanza de la zona alertó que esta inclinación podría resultar en un refuerzo del control político mediante el aparato militar, lo que presenta retos importantes para las instituciones democráticas. Según su opinión, la reducción de la inversión en salud y derechos fundamentales, junto con el aumento de la importancia de las entidades de seguridad, indica un cambio de enfoque que podría afectar la relación entre el gobierno y los ciudadanos.
Un marco para decisiones cruciales
El análisis sobre el presupuesto nacional del año siguiente ocurre en un periodo sensible para Honduras, donde la división política y las desigualdades sociales siguen siendo el eje del debate público. La asignación de más recursos al sector militar, en perjuicio del área de salud, ha vuelto a abrir interrogantes sobre la dirección del gasto público y su alineación con las necesidades auténticas de la sociedad.
A medida que el anteproyecto avance en su trámite legislativo, se anticipa un escenario de confrontación entre quienes exigen un enfoque centrado en derechos sociales y aquellos que respaldan un modelo más orientado a la seguridad. En ese contexto, el papel del Congreso será determinante para definir si el presupuesto se convierte en una herramienta de contención o de profundización de las tensiones existentes en el país.
