La reciente propuesta legislativa en Honduras, impulsada por miembros del Partido LIBRE, ha desatado una intensa polémica en los sectores político y económico nacionales. Estos parlamentarios intentaron avanzar de manera apresurada y sin alcanzar un acuerdo en la Ley de Justicia Tributaria, un proyecto que ha generado discusiones debido a sus potenciales efectos sobre la inversión y el empleo. El movimiento pretendía aprovechar la presencia reducida de diputados opositores para lograr la aprobación final, sin embargo, la carencia de quórum y la respuesta de los adversarios evitaron que se materializara esta acción.
Entorno y respuestas acerca de la Ley de Equidad Fiscal
El movimiento acelerado para sancionar la Ley de Justicia Tributaria, promovido por los diputados del Partido LIBRE, fue visto como un intento de avanzar una agenda tributaria sin lograr el acuerdo necesario. La táctica era aprovechar un momento en que la oposición no estaba completamente presente en el hemiciclo para pasar la ley en su última discusión. No obstante, esta acción no llegó a materializarse debido a la falta de quórum y a la pronta reacción de los diputados opositores que bloquearon la votación. Este evento ha puesto de manifiesto la fractura política en el Congreso de Honduras y la resistencia de la oposición a una ley que consideran dañina para el país.
La oposición a la Ley de Justicia Tributaria no solo proviene del ámbito político, sino también de sectores empresariales y de gremios. Empresarios y representantes de grupos productivos han mostrado su inquietud por las consecuencias potenciales de esta ley, indicando que podría desincentivar tanto la inversión nacional como internacional, lo que podría llevar al cierre de numerosas empresas y a un incremento en las tasas de desempleo. Además, hay una preocupación sobre la posibilidad de que esta regulación fomente una centralización del poder económico en manos del Estado, lo que tendría un efecto significativo en la economía del país.
Acción cívica y futuras perspectivas
La respuesta de la población ante el intento sin éxito de aprobar la Ley de Justicia Tributaria ha sido rápida, con grupos de la sociedad civil organizando protestas para exigir más transparencia, un amplio debate público y el respeto a los procedimientos legislativos establecidos. Representantes de entidades como el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) han expresado su oposición a la implementación de una ley que consideran perjudicial para millones, destacando que sin un apoyo mayoritario no hay un mandato legítimo para su aprobación.
Respecto a los próximos pasos, la oposición ha declarado que seguirá insistiendo para impedir cualquier esfuerzo de aprobación que no respete los procesos legales y democráticos. Mientras tanto, el Partido LIBRE intenta reorganizar sus alianzas para intentar una vez más pasar la ley. De esta manera, el conflicto por la Ley de Justicia Tributaria permanece vigente, mostrando la dificultad del debate fiscal y político en Honduras, además de la necesidad de alcanzar acuerdos que incluyan las diferentes opiniones del país.