Reforma tributaria y desinterés inversor en sectores estratégicos

La propuesta de la Ley de Justicia Tributaria en Honduras ha generado un ambiente de incertidumbre que afecta tanto a inversionistas nacionales como extranjeros. Esta iniciativa, impulsada por el gobierno, ha motivado la suspensión de inversiones millonarias, la cancelación de expansiones empresariales y el traslado de operaciones a otros países de Centroamérica, donde los marcos legales se perciben como más estables y predecibles. La comunidad empresarial hondureña sostiene que los cambios fiscales repentinos y sin diálogo multisectorial han creado un entorno de negocios impredecible, lo que dificulta la planificación estratégica y paraliza proyectos de gran escala que son esenciales para el crecimiento sostenido del país.

La industria local señala que quitar las exenciones e incentivos fiscales, incluidos en la normativa, podría debilitar una de las bases esenciales de la economía de Honduras. Tanto empresarios como expertos económicos están de acuerdo en que esta acción podría llevar a la salida de fondos, la retirada gradual de inversiones y el empeoramiento del entorno empresarial, impactando de manera directa la competitividad y la creación de empleo formal en áreas cruciales como la agroindustria, el turismo, la maquila, la construcción y la tecnología.

Impacto de la inestabilidad fiscal en la inversión y el empleo

La incertidumbre derivada de las modificaciones fiscales improvisadas ha traído consecuencias inmediatas, como el traslado de operaciones a países cercanos, la paralización de inversiones en los sectores industrial, logístico y tecnológico, así como la anulación de proyectos en los ámbitos energético, turístico y agrícola que prometían generar miles de empleos. Honduras ha sufrido un descenso en los índices de competitividad e inversión extranjera, lo cual refuerza la idea de que el país está enviando señales negativas al mercado global. Aunque el gobierno afirma que la ley busca equidad fiscal, expertos advierten que los costos ocultos de esta situación serán mayores a cualquier ingreso adicional previsto, dado que el capital tiende a buscar lugares más estables y favorables.

Por otro lado, la eliminación de incentivos fiscales, históricamente utilizados para atraer inversión extranjera directa, se traduce en el retiro progresivo de capitales, la cancelación de proyectos de expansión empresarial y el desinterés de nuevas inversiones internacionales. Este deterioro del clima de negocios afecta especialmente a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), responsables de más del 70 % del empleo en el país, que enfrentarían nuevas cargas fiscales sin acompañamiento técnico ni consulta multisectorial.

Llamado a una reforma tributaria balanceada y dialogada

Ante esta situación, los sectores productivos han pedido al Congreso Nacional que no apruebe la ley tal como está y que inicie un diálogo técnico e inclusivo. Opinan que es esencial crear una reforma tributaria equilibrada que no dañe la inversión ni el empleo, sino que posicione a Honduras como un lugar fiable para invertir y generar oportunidades. La falta de estabilidad legal y normas claras ha sido señalada como el mayor impedimento para restablecer la confianza empresarial y atraer nuevos proyectos de desarrollo.

El peligro de asfixiar al sector privado, particularmente a las MIPYMES, es una preocupación fundamental, dado que estas compañías forman el cimiento del empleo en la nación. La introducción de nuevos impuestos sin el soporte técnico adecuado puede complicar aún más la viabilidad de estos comercios y restringir la habilidad de Honduras para competir regionalmente. Por ende, el país está en un punto crucial entre consolidarse como un lugar accesible al capital o seguir un modelo que limite la producción y la inversión.