Por un lado, el Gobierno dimisionario pretende, con la ley de “inmigración” promulgada el 26 de enero de 2024, facilitar el empleo de extranjeros no europeos en profesiones escasas. Por otro lado, prevé sancionar aún más a las empresas que utilicen trabajadores indocumentados, muy presentes en estas profesiones.
De esta política del palo y la zanahoria surge el decreto publicado en Diario Oficial 16 de julioque especifica las autorizaciones de trabajo así como las sanciones previstas en caso de empleo de un extranjero no autorizado para trabajar.
En cuanto a la expedición de permisos de trabajo, el texto prevé que las condiciones que ya excluían a los empresarios condenados por trabajos ilegales o por incumplimiento de las normas de salud y seguridad se aplicarán ahora a sus donantes. de pedido, independientemente del tamaño de la empresa. “Se refuerzan las obligaciones de vigilancia existentes: el empleador formal del empleado ya no puede actuar como escudo del empresario”comenta Emmanuelle Barbara, abogada especializada en derecho laboral y de seguridad social del despacho August Debouzy.
Compartir responsabilidades
El grupo La Poste ya sabe algo de esto, ya que el 5 de diciembre de 2023 el tribunal judicial de París lo condenó por incumplimiento de sus “deber de vigilancia” frente a sus múltiples subcontratistas, algunos de los cuales utilizaban inmigrantes indocumentados.
Este reparto de responsabilidades no pretende ceder ante ninguna parte del mundo de los empleadores. “El decreto alentará a los contratistas a elegir subcontratistas que sean más respetuosos con la normativa. Y, por tanto, contribuir a derrocar a quienes, al reclutar inmigrantes indocumentados, desestabilizan los mercados al participar en una competencia desleal”.da la bienvenida a Eric Chevée, vicepresidente encargado de asuntos sociales de la Confederación de las Pequeñas y Medianas Empresas.
En este contexto, lo que suscita dudas es sobre todo la subcontratación en cascada. Este sistema es propicio para “dilución de responsabilidades que muy a menudo da lugar a trabajos ilegales”reconoció, en junio, la Federación Francesa de la Construcción (FFB) en sus “diez propuestas para un pacto constructivo” publicadas con motivo de las elecciones legislativas.
El decreto especifica luego las condiciones de aplicación de la modificación administrativa introducida por la ley de «inmigración» para los empleadores de inmigrantes indocumentados. Con un importe máximo de 20.750 euros por empleado afectado, esta multa, que sustituye a la contribución especial y a la contribución fija pagada a la Oficina Francesa de Inmigración e Integración (OFII), castiga el uso de documentos sin papeles en todas sus formas, pero elimina en cuenta circunstancias atenuantes. Cuando el empresario haya pagado los sueldos e indemnizaciones adeudados al trabajador en cuestión, el importe máximo de la modificación se reduce a 8.300 euros, el empresario podrá alegar que no ha obtenido ningún ahorro del trabajo ilegalmente. .
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