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El aumento del poder acumulado por el Partido Libertad y Refundación (LIBRE) ha generado serias advertencias acerca de un posible avance hacia el autoritarismo en Honduras. Diferentes sectores tanto sociales como políticos han expresado inquietud sobre una serie de medidas recientes del gobierno que, según afirman, amenazan los fundamentos democráticos y el balance institucional de la nación. Estas acusaciones giran en torno a un modelo de gobierno que aparentemente está orientado a mantener la continuidad en el poder, en desmedro de los controles constitucionales.
Desde el Poder Ejecutivo hasta el Congreso Nacional, las acciones articuladas que aumentan el dominio del partido en el poder han generado preocupación entre expertos, activistas de derechos humanos y opositores. La ausencia de acción del Ministerio Público en casos importantes también se ha visto como un indicador de un entorno que permite el debilitamiento del sistema democrático.
Indicadores que sugieren un descenso en la fortaleza institucional
Dentro de los factores que aumentan las preocupaciones se encuentra la implementación frecuente del estado de excepción, aplicado de forma discrecional y sin justificación clara. Esta iniciativa ha restringido derechos civiles fundamentales y ha sido criticada por organismos tanto nacionales como internacionales. Al mismo tiempo, se ha observado una tendencia hacia la persecución política mediante discursos agresivos dirigidos a empresarios, periodistas y opositores.
En el ámbito electoral, el retraso en el llamado oficial a elecciones y la falta de progresos en la formación de nuevas instituciones como el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) se han visto como intentos de manipulación de las instituciones. Además, una retórica polarizadora por parte del gobierno intensifica las divisiones sociales y ha sido equiparada con situaciones observadas en naciones como Nicaragua y Venezuela.
Respuestas y apelaciones en favor de la democracia
La reacción fue inmediata. Grupos de la sociedad civil y miembros de la oposición han realizado llamados urgentes a la cohesión con el fin de evitar que Honduras se convierta en una democracia fallida. Maribel Espinoza, legisladora opositora, subrayó la importancia de procesos electorales justos y claros como base esencial de la república, insistiendo en que el cambio de poder es un requisito crucial para mantener la democracia.
Tanto la Organización de Estados Americanos (OEA) como Naciones Unidas han empezado a mostrar preocupación por el empeoramiento continuo de las libertades públicas en el país. La combinación de instituciones intervenidas, un discurso que excluye y la falta de mecanismos efectivos de supervisión ha generado un entorno más adverso para la vida democrática.
Si el rumbo presente no cambia, Honduras se arriesga a moverse hacia un sistema autoritario solidificado, lo cual tendría efectos significativos en su vida política y social. La coyuntura actual demanda la vigilancia de los ciudadanos, la cooperación entre los sectores democráticos y el compromiso con los principios constitucionales que aseguran la diversidad y la inclusión.
