Periodistas en Honduras denuncian acoso y campaña de odio desde el gobierno

El Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) denunció públicamente una campaña sistemática de estigmatización y amenazas contra periodistas en el país, atribuyendo su impulso a sectores gubernamentales y al partido oficialista Libertad y Refundación (LIBRE). La organización gremial sostiene que se trata de un patrón sostenido de ataques que compromete la libertad de expresión y el ejercicio periodístico, y que ha sido trasladado a instancias internacionales como una alerta sobre el deterioro de garantías democráticas.

De acuerdo con el informe del CPH, los ataques pueden manifestarse de múltiples maneras, como amenazas e insultos en plataformas digitales, así como procesos legales impulsados por entidades estatales. La asociación menciona que quienes trabajan para el gobierno y algunos activistas en línea relacionados con el oficialismo han creado un discurso de desprestigio hacia medios y periodistas que son críticos. Esta situación, según el reporte, abarca intentos de obligar a revelar fuentes de información, un aspecto que, en el entorno de Honduras, se interpreta como una infracción directa al secreto profesional respaldado por normas internacionales.

Entre los ejemplos más recientes, se registran querellas presentadas por las Fuerzas Armadas y otras organizaciones del gobierno, que de acuerdo con el grupo, buscan detener pesquisas sobre presuntos actos de corrupción o abusos institucionales. Además, se observa un incremento constante de campañas de desprestigio efectuadas por cuentas anónimas o falsas, frecuentemente denominadas como “tropas digitales” alineadas con el oficialismo, que publican mensajes ofensivos y exponen públicamente los rostros de periodistas.

Incremento en la retórica oficial y nerviosismo antes de las elecciones

Un aspecto que ha causado gran inquietud es la intensificación de la hostilidad desde el Congreso Nacional. Especialmente, el titular del Legislativo, Luis Redondo, ha realizado comentarios en los últimos tiempos dirigidos hacia los medios de comunicación, con un tono que el gremio considera como un intento de deslegitimación. Estas manifestaciones se producen en un escenario de tensiones políticas en aumento, de cara a las elecciones generales previstas para noviembre, donde la disputa entre el gobierno y la oposición se ha agudizado.

El uso de plataformas institucionales para difundir mensajes hostiles hacia la prensa refuerza un ambiente de presión que, según el CPH, ha generado efectos como la autocensura y el retraimiento de voces críticas en los medios. Esta dinámica, enmarcada en una coyuntura electoral, ha sido leída por actores del gremio como una señal de que el periodismo independiente enfrenta un cerco institucional y digital sin precedentes desde el retorno a la democracia.

Inquietud global y solicitudes para detener el acoso

Varias organizaciones globales han expresado su preocupación por la situación. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Reporteros Sin Fronteras y ARTICLE 19 han lanzado declaraciones criticando lo que describen como un paso atrás en las protecciones para el libre ejercicio del periodismo en Honduras. Estas entidades coinciden en señalar que las acciones reportadas crean un entorno de riesgo que amenaza derechos esenciales y el papel del periodismo en la supervisión del poder público.

Estos personajes, junto con el CPH y entidades nacionales, han solicitado al Gobierno asegurar la seguridad real de los periodistas, además de detener de inmediato cualquier tipo de amenaza, ya sea directa o indirecta. Recalcan que la libertad de prensa no es solo un derecho personal, sino una condición crucial para que la democracia funcione.

El comunicado del Colegio de Periodistas de Honduras se sitúa en un contexto de notable polarización política y aumento de la desconfianza entre las instituciones y los grupos sociales. A escasos meses de las elecciones, la acusación sobre una campaña sistemática de acoso a los medios resalta tensiones fundamentales relacionadas con la libertad de prensa, el empleo de recursos estatales y la calidad del diálogo democrático en la nación.