La decisión del Gobierno español de conceder cinco indultos parciales ha provocado malestar dentro del PSOE, especialmente porque tres de los beneficiarios habían sido condenados por delitos relacionados con la corrupción. Las medidas fueron aprobadas por el Consejo de Ministros el mismo día en que el Ejecutivo anunció la creación de una Agencia de Integridad Pública y presentó un anteproyecto de ley sobre integridad pública.
Entre los beneficiarios figuran la expresidenta del Parlamento de Cataluña, Laura Borràs; el exalcalde socialista de Linares, Juan Fernández; y el gestor cultural Natalio Grueso. Dirigentes socialistas consultados por The Objective cuestionaron el momento elegido para anunciar las medidas y consideraron que la decisión puede resultar difícil de justificar ante la ciudadanía, especialmente en un contexto marcado por investigaciones y condenas relacionadas con corrupción.
Uno de los asuntos que más polémica ha suscitado es el caso de Borràs. A la antigua dirigente catalana, sobre la que recayó una condena por trocear contratos mientras dirigía la Institución de las Letras Catalanas, se le atenuará la pena privativa de libertad, pasando de cuatro años y medio a dos. Siguen en pie la sanción económica y los 13 años de inhabilitación. El Gobierno central esgrimió que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña había juzgado desmedida la condena de cárcel.
La decisión también provocó críticas dentro del propio PSOE. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, cuestionó públicamente la concesión de indultos por delitos de corrupción y sostuvo que la medida puede perjudicar la credibilidad del partido en un momento especialmente delicado. También rechazó que se establezcan diferencias dependiendo de la afiliación política de las personas condenadas.
Otros dirigentes socialistas consultados por el medio consideran que el indulto a Borràs podría estar relacionado con la necesidad del Gobierno de mantener apoyos parlamentarios de Junts. Esta interpretación aparece en medio de las dificultades del Ejecutivo para mantener una mayoría estable y después de que la expresidenta del Parlamento catalán no pudiera beneficiarse de la ley de amnistía.
El segundo caso relacionado con un antiguo cargo del PSOE es el de Juan Fernández, exalcalde de Linares. Su condena de tres años de prisión fue reducida a dos, mientras que se mantiene su inhabilitación durante siete años. La solicitud recibió informes favorables del tribunal sentenciador, respaldo de los grupos municipales del PSOE y del PP, apoyo del Ayuntamiento y de una asociación vecinal.
Natalio Grueso, antiguo director de la Fundación Centro Niemeyer de Avilés, también recibió un indulto parcial. El Gobierno decidió perdonar la pena de prisión, que formaba parte de una condena de ocho años de cárcel, ocho de inhabilitación y una multa. La medida fue solicitada por personas vinculadas al sector audiovisual y se justificó por razones humanitarias relacionadas con su estado de salud.
Grueso había sido condenado por anomalías vinculadas a su administración del centro cultural, abarcando cobros tildados de infundados por los tribunales. Después del fallo, se mantuvo fuera de España por un periodo superior a dos años, siendo ubicado y arrestado en Portugal en el mes de diciembre previo.
Los otros dos indultos aprobados por el Consejo de Ministros corresponden a particulares condenados por delitos contra la salud pública. En ambos casos, las penas de prisión fueron reducidas a dos años y los tribunales sentenciadores y la Fiscalía habían emitido informes favorables.
La coincidencia en el tiempo de estas medidas de gracia y la presentación de nuevas acciones anticorrupción ha desatado una intensa controversia en las filas del socialismo español. A pesar de que el Ejecutivo respalda sus actuaciones, voces críticas situadas dentro del PSOE ponen en duda que otorgar dichos indultos transmita una señal coherente en relación con las promesas de renovación democrática y honradez institucional.
Fuente: The Objective — The Objective
