El Control de las Pandillas: Guatemala Frente a su Poder Social

En Guatemala, las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha (MS-13) han ampliado su dominio sobre extensas áreas urbanas, instaurando un ambiente de intimidación y cobro de extorsiones que golpea a millones de habitantes, y desde sectores como la Zona 18 en Ciudad de Guatemala hasta Villa Nueva, estas estructuras delictivas han fortalecido su influencia mediante redes jerarquizadas, tácticas brutales y operaciones coordinadas incluso desde centros penitenciarios.

Una de las prácticas delictivas más comunes es la extorsión, llamada también “renta”, que golpea por igual a pequeños comercios y a grandes compañías. Comerciantes como Alicia, quien atiende una tienda en Villa Nueva, narran que se ven forzados a entregar pagos periódicos bajo amenazas de agresión. Este fenómeno, que constituye una de las fuentes de ingresos más significativas para las maras, perjudica gravemente la economía local, con más de 16,000 denuncias registradas en 2024 y una tendencia al alza prevista para 2025.

Las cárceles, lejos de frenar la actividad delictiva, se han convertido en centros operativos. Según investigaciones, entre el 80 % y el 90 % de las extorsiones son coordinadas desde prisión, facilitadas por la corrupción interna que permite el acceso a teléfonos celulares y otros medios de comunicación. Esta dinámica perpetúa el poder de las clicas que dirigen las operaciones cotidianas de los pandilleros.

El reclutamiento de menores es otro pilar del funcionamiento de las pandillas. Niños y adolescentes, muchos de ellos en situación de vulnerabilidad, son cooptados desde edades tempranas para realizar tareas que varían desde extorsiones hasta asesinatos. Este sistema garantiza la renovación generacional de las pandillas, asegurando su permanencia como actores clave del crimen organizado en Guatemala.

Aunque el gobierno de Bernardo Arévalo ha impulsado acciones como catalogar a las maras como «organizaciones terroristas» y aumentar las sanciones por extorsión, los avances siguen siendo escasos, y la reciente autorización para construir una prisión modelo destinada a líderes pandilleros intenta emular ciertos elementos del polémico «modelo Bukele» aplicado en El Salvador, pese a que las particularidades de ambos países plantean desafíos propios para llevar a cabo estas medidas.

A pesar de los intentos por frenar el avance de las maras, su presencia continúa siendo profunda y alcanza desde zonas populares hasta áreas clave como el transporte público, donde estas pandillas no solo ponen en riesgo la seguridad de la población, sino que además generan un impacto económico considerable en una sociedad atravesada por la desigualdad y la escasez de oportunidades.

Fuente: BBC News Mundo ([https://www.bbc.com/mundo/articles/clykze9wy64o])