Un auto de la Audiencia Nacional expone que una supuesta red ligada al PSOE habría tratado de ofrecer un soborno de 300.000 euros al fiscal anticorrupción José Grinda. De acuerdo con el juez Santiago Pedraz, dicha propuesta pretendía conseguir datos que perjudicaran al jefe de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, Alejandro Luzón, además de lograr el archivo de causas judiciales de importancia.
El documento judicial también expone que el plan estuvo encabezado por Santos Cerdán, exsecretario de Organización socialista, quien supuestamente coordinó una red destinada a interferir en procesos judiciales desfavorables para el partido y el Gobierno. En el desarrollo de la trama, se afirma que Leire Díez, apodada «la fontanera» del PSOE, habría desempeñado un rol fundamental en estas actuaciones ilícitas.
El soborno al fiscal Grinda habría sido gestionado a través de un empresario y persona externa al PSOE, Pere Rusiñol, quien se reunió con el fiscal en febrero de 2025 para transmitirle la oferta. A cambio del dinero, también se le prometió un puesto de trabajo en el extranjero.
Revelaciones recientes: esfuerzos de compra y de manipulación de testigos
El auto recoge también que la empresaria Carmen Pano habría recibido una oferta de 50.000 euros para cambiar su declaración judicial. Pano había asegurado haber entregado 90.000 euros en efectivo en la sede de Ferraz en octubre de 2020, por orden de Víctor de Aldama, presunto conseguidor del caso Koldo. Aunque se intentó influir en su testimonio antes de una nueva declaración, Pano reafirmó su versión en el tribunal.
El abogado Ismael Oliver, igualmente investigado en la trama, habría asumido la tarea de gestionar la negociación de esta adquisición con el visto bueno de Leire Díez. En una conversación incorporada a la investigación del juez, Díez habría señalado que “es fundamental saber comprar”.
Ofrecimientos a funcionarios y guardias civiles
El juez también señala que se habrían ofrecido favores y beneficios económicos a funcionarios y agentes de la Guardia Civil con el propósito de obtener información que entorpeciera las investigaciones relacionadas con casos de corrupción, incluyendo entre estas promesas el pago de servicios jurídicos y posibles mejoras profesionales.
El registro de la sede socialista en Ferraz, ordenado por Pedraz, junto con otras acciones judiciales, refuerzan los indicios de que esta trama buscaba proteger los intereses políticos del PSOE y del Gobierno mediante actuaciones ilegales contra fiscales, jueces y fuerzas de seguridad del Estado.
Fuente: El Economista – https://www.eleconomista.es/economia/noticias/13941030/05/26/el-juez-sospecha-que-la-trama-ofrecio-300000-euros-al-fiscal-grinda-para-obtener-informacion-que-afectara-a-luzon.html
