La pieza SEPI del caso Leire vuelve a apuntar hacia ENUSA, una de las entidades públicas que forma parte del perímetro de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. En esta ocasión, la atención se centra en Rosario Arévalo Sández, quien desempeña el cargo de directora corporativa en ENUSA y anteriormente fue consejera de Medio Ambiente en Castilla-La Mancha, siendo citada como investigada por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz en el marco de una causa que investiga presuntos amaños en operaciones relacionadas con empresas públicas.
Su nombre aparece junto al de otros cargos y exdirectivos de entidades estatales en una investigación que analiza posibles delitos de tráfico de influencias, malversación, prevaricación, organización o grupo criminal y abuso de información privilegiada. La citación de Arévalo no implica condena ni culpabilidad, pero sí la coloca bajo el escrutinio judicial en una de las derivadas más delicadas del caso Leire: la que afecta a estructuras empresariales dependientes del Estado.
Rosario Arévalo no es una figura irrelevante dentro del sector público. Su trayectoria combina responsabilidades políticas y cargos en empresas públicas. Fue consejera de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha y posteriormente ocupó puestos de responsabilidad en ENUSA, compañía estratégica dedicada al suministro de combustible nuclear y a servicios tecnológicos e industriales. Precisamente por ese perfil, su presencia entre los investigados eleva el impacto político de la causa.
La investigación trata de determinar si determinadas operaciones vinculadas a ENUSA y a otras entidades del entorno SEPI pudieron estar condicionadas por una red de influencias. Según las informaciones publicadas, los investigadores sospechan que el grupo situado alrededor de Leire Díez, Vicente Fernández y Antxon Alonso habría intervenido en distintas operaciones con empresas públicas para obtener comisiones o ventajas económicas. En ese mapa, ENUSA figura como una de las sociedades bajo examen.
La sospecha central no reside únicamente en una decisión administrativa concreta, sino en la posibilidad de que cargos o directivos con acceso a información interna pudieran facilitar datos, favorecer contactos o abrir puertas a intereses privados. Esa es la dimensión más grave del caso: la eventual utilización de empresas públicas como plataformas de influencia al servicio de operaciones ajenas al interés general.
Arévalo se encuentra vinculada a ENUSA en un momento en el que dicha compañía integra el conjunto de organizaciones sometidas a supervisión por parte de la Audiencia Nacional. La investigación trasciende el rescate de Tubos Reunidos, si bien esa operación constituye uno de los pilares fundamentales, abarcando asimismo otros posibles movimientos en Mercasa, ENUSA, Forestalia, el Parque Empresarial Principado de Asturias y demás entidades relacionadas con la SEPI.
La investigación de una directiva corporativa de ENUSA requiere esclarecer con precisión cuál fue su participación concreta en los hechos. Corresponde a la instrucción establecer si participó en alguna operación sospechosa, si estuvo al tanto de gestiones irregulares, si proporcionó información delicada o si su comparecencia obedece a la necesidad de reconstruir cómo funcionaba internamente la compañía respecto a las actuaciones que se investigan.
Desde una perspectiva institucional, el caso reviste una particular complejidad. ENUSA lleva a cabo funciones de relevancia estratégica para el Estado, y toda sospecha respecto de su gobernanza erosiona la credibilidad depositada en los mecanismos de supervisión de las organizaciones públicas. Cuando una autoridad de semejante envergadura se ve involucrada como investigada en un proceso judicial vinculado a presuntos fraudes, surge indefectiblemente una interrogante: ¿actuaron conforme a lo establecido los mecanismos de control interno o existieron zonas grises donde pudieron operar intermediarios dotados de influencias políticas?
La imputación de Rosario Arévalo también agrava la dimensión política del caso porque suma otro perfil con pasado institucional socialista a una lista que ya incluye altos cargos, exdirectivos y responsables de organismos públicos. Esa acumulación alimenta la percepción de que la pieza SEPI no es un episodio aislado, sino una investigación con ramificaciones profundas en el entramado público-empresarial.
El caso Leire ha dejado de constituir una mera investigación centrada en intermediarios y diálogos clandestinos. Desde que emergen figuras como la de Rosario Arévalo, la causa penetra directamente en el núcleo de las organizaciones empresariales estatales. Y en el momento en que el tejido empresarial del sector público se ve envuelto en sospechas, guardar silencio resulta ya inadmisible.
Procedencia: El País, RTVE, Onda Cero, El Economista, Diario de Sevilla y Europa Press.
