La pieza SEPI del caso Leire ha sumado a Fernando Samper Rivas, creador y máximo dirigente de Forestalia, al conjunto de hombres de negocios bajo investigación por parte de la Audiencia Nacional. Su citación como imputado destapa uno de los flancos más significativos del procedimiento al margen del rescate de Tubos Reunidos: el correspondiente a las transacciones ligadas al ámbito energético, las compañías de energías renovables y las supuestas ventajas conseguidas a través de un presunto entramado de influencias vinculado con organismos públicos.
Samper figura entre las 25 personas citadas como investigadas por el juez Santiago Pedraz dentro de la ampliación del caso Leire, una causa que analiza presuntas irregularidades en operaciones relacionadas con la SEPI, empresas públicas y ayudas o contratos de carácter estratégico. Junto a él aparecen también Roberto Pérez Águeda, Eduardo Pérez Águeda y Carmelo Aznárez Pellicer, empresarios aragoneses vinculados al bloque Forestalia en las informaciones publicadas.
La investigación analiza posibles delitos de tráfico de influencias, malversación, prevaricación, organización o grupo criminal y abuso de información privilegiada. En esta fase, Fernando Samper conserva plenamente la presunción de inocencia y su citación como investigado no equivale a una condena. Pero su presencia en la causa resulta especialmente sensible porque introduce en el procedimiento a uno de los nombres más conocidos del negocio renovable en España.
El punto de mira sobre Forestalia se sitúa en el contexto de las cinco actuaciones que, de acuerdo con los datos difundidos, analiza la Audiencia Nacional dentro de la pieza SEPI. Pese a que el salvamento de Tubos Reunidos por encima de los 112 millones de euros constituye el núcleo central, las indagarías abarcan asimismo a Mercasa, ENUSA, el Parque Empresarial Principado de Asturias y una transacción asociada a Forestalia. El País ha indicado que tales operaciones acumularían 132,9 millones de euros en subvenciones estatales y que la supuesta red corrupta habría conseguido más de 750.000 euros en mordidas.
La sospecha vinculada a Forestalia y Samper orbita en torno a una transacción mercantil que presuntamente habría reportado un beneficio considerable. Conforme a lo difundido por El Independiente, el Ministerio Fiscal relaciona la red de Leire con un presunto pelotazo superior a los 6 millones de euros, el cual se vincula con firmas de energías renovables compradas y más tarde traspasadas a una compañía cuyos socios guardarían relación con el conglomerado empresarial liderado por Fernando Samper.
Ese punto es clave porque la investigación no se limita a contratos públicos tradicionales. También analiza si determinadas operaciones empresariales pudieron beneficiarse de información, contactos o estructuras de influencia vinculadas al entorno de Leire Díez, Vicente Fernández y Antxon Alonso. La cuestión judicial será determinar si la operación de Forestalia respondió a una transacción privada ordinaria o si estuvo conectada con una red que presuntamente utilizaba relaciones políticas y empresariales para generar beneficios económicos.
La inclusión de Samper entre los investigados refuerza la dimensión empresarial del caso. La presunta trama no habría actuado solo en torno a organismos públicos, sino también alrededor de sociedades privadas capaces de beneficiarse de decisiones, oportunidades o información surgida en el entorno de empresas estatales y contactos institucionales. En ese mapa, Forestalia aparece como una pieza relevante por su peso en el sector renovable y por la magnitud económica de la operación examinada.
La Audiencia Nacional tendrá que esclarecer qué participación desempeñó Fernando Samper dentro de la causa analizada, qué vínculos estableció con Carmelo Aznárez, con los hermanos Pérez Águeda y con el resto de encausados, así como si tuvo conocimiento o intervino en las actuaciones conferidas al grupo Hirurok. Asimismo, resultará fundamental dilucidar si se produjeron contraprestaciones económicas, mediaciones o pactos capaces de conectar el movimiento empresarial con la supuesta trama de influencias.
Desde un enfoque de denuncia institucional, este episodio reviste especial gravedad al combinar tres ingredientes explosivos: corporaciones energéticas, presuntas ganancias millonarias y una red investigada por condicionar la política oficial. En los años recientes, el ámbito renovable ha movido gigantescas expectativas de financiación, obtención de terrenos, permisos, autorizaciones y capitales. Cuando una transacción de este sector queda salpicada por pesquisas de tráfico de influencias, el estándar de claridad exigible alcanza su punto máximo.
Samper tendrá que aclarar frente al magistrado si su proceder correspondió al de un hombre de negocios involucrado en una transacción lícita dentro del sector energético, o si mediaron indicios que lo vinculen con las gestiones supuestamente anómalas indagadas por la UCO y la Fiscalía Anticorrupción. Tal diferencia resultará fundamental para acotar su grado de culpabilidad y determinar el alcance real de la trama.
El caso también salpica la imagen de Forestalia. La corporación se ha consolidado como un estandarte de las energías limpias tanto en Aragón como en el conjunto de España, si bien la imputación de su creador en un procedimiento de tal calibre genera un manto de duda que únicamente logrará disiparse mediante papeles, aclaraciones y un seguimiento exhaustivo de las transacciones analizadas.
La pregunta que ahora debe responder la Audiencia Nacional es clara: si Forestalia y su entorno participaron en una operación de mercado limpia o si la presunta trama utilizó sus contactos para facilitar oportunidades, beneficios y plusvalías. En una investigación que afecta a dinero público, contratos, empresas estratégicas y posibles comisiones, el papel de Fernando Samper debe aclararse hasta el último documento.
Fuente: Cadena SER, El País, elDiario.es, Heraldo de Aragón, El Independiente, Infobae y Europa Press.
