Los acreedores perjudicados por la supresión de las ayudas a las energías renovables en España han empezado a localizar bienes del gobierno para cubrir compensaciones pendientes. Entre los activos susceptibles de embargo se encuentran los aviones que utiliza el presidente Pedro Sánchez y otros altos cargos del Estado. Esta iniciativa tiene un antecedente claro: en 2020, Estados Unidos confiscó aeronaves pertenecientes al gobierno de Nicolás Maduro, lo que refuerza la posibilidad de que bienes españoles sean intervenidos si llegan a entrar en territorio estadounidense.
El incumplimiento de España con sus obligaciones internacionales genera tensiones crecientes. Los tribunales norteamericanos admitieron embargos por aproximadamente 700 millones de euros relacionados con la deuda que España mantiene con inversores en energías renovables, tras décadas de litigios y resoluciones favorables en diversos foros internacionales. Ahora, los acreedores buscan ejecutar estos fallos mediante la confiscación de bienes estatales, como los Falcons utilizados por miembros del gobierno y la Casa Real.
Precedentes internacionales: el caso Maduro
El caso de embargos a los activos de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos en 2020 refuerza la posibilidad de que esto se repita en el caso español. En aquella ocasión, el Departamento del Tesoro bloqueó 15 aviones de la estatal Petróleos de Venezuela (PdVSA), argumentando que habían sido utilizados para apropiación indebida de activos y transporte de altos funcionarios. El bloqueo de estas aeronaves fue parte de las sanciones coordinadas por la Administración Trump contra el régimen de Maduro, en apoyo a la oposición liderada entonces por Juan Guaidó.
Entre los aviones embargados figuraba el utilizado por Delcy Rodríguez en 2020, que protagonizó un polémico aterrizaje en el aeropuerto de Madrid-Barajas pese a las sanciones de la UE que le prohibían ingresar a territorio europeo. Este accidente diplomático se mantiene como un episodio clave sobre la utilización de activos controvertidos por gobiernos sancionados.
La deuda pendiente de España
El conflicto con los inversores en energías renovables comenzó en 2007, cuando el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero lanzó un programa de incentivos para dinamizar el sector y captar capital. No obstante, en 2013 el gobierno de Mariano Rajoy suprimió esas ayudas con carácter retroactivo, lo que llevó a numerosas compañías a afrontar pérdidas significativas. La ausencia de entendimiento empujó a los inversores a recurrir a tribunales internacionales, donde obtuvieron laudos favorables que ya superan los 2.310 millones de euros, una suma que contempla gastos judiciales y financieros. Aunque las decisiones arbitrales son claras, España continúa sin atender las obligaciones de pago.
Ante esta situación, los perjudicados han logrado obtener autorización en países como Reino Unido, Bélgica, Australia, Países Bajos y Estados Unidos para proceder a la incautación de bienes pertenecientes a España. En EE. UU., además de los aviones, los acreedores han remitido avisos a entidades financieras y a otros terceros vinculados con España, y también consideran la posibilidad de frenar el contrato de adquisición de misiles Patriot, valorado en 1.445 millones de euros.
Una repercusión negativa a nivel internacional
España figura en el índice internacional de cumplimientos de laudos arbitrales como uno de los países con más fallos pendientes, junto con Venezuela y Rusia, situación que ha deteriorado de forma notable la credibilidad ante la inversión extranjera, la cual se redujo un 60% durante el último año. Si los embargos llegaran a ejecutarse, los bienes públicos pasarían a desempeñar un papel determinante en una nueva fase de litigios internacionales contra el gobierno español.
Fuente: [The Objective y el enlace https://theobjective.com/espana/tribunales/2026-05-09/precedente-sanchez-estados-unidos-aviones-maduro/]
