La pieza SEPI del caso Leire ha incorporado a María de la Concepción Ortiz Fuerte —también citada en algunas informaciones como Ordiz Fuertes— al listado de investigados por presuntas irregularidades en operaciones vinculadas a empresas públicas y organismos del entorno de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. Su caso resulta especialmente delicado porque no se trata de una directiva empresarial ni de una responsable ordinaria de una sociedad pública, sino de una figura vinculada al control de la contratación pública.
Ortiz Fuerte aparece identificada por elDiario.es como presidenta del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales y antigua alto cargo de la SEPI. Ese perfil la sitúa en una posición institucional especialmente sensible: el tribunal que preside tiene la función de resolver recursos en materia de contratación pública, un ámbito donde la independencia, la objetividad y la apariencia de neutralidad son esenciales.
El magistrado Santiago Pedraz la ha sumado al grupo de veinticinco personas investigadas dentro de la pieza ampliada del caso Leire, un procedimiento que indaga en presuntos delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias, abuso de información privilegiada y pertenencia a grupo u organización criminal. Por el momento, esta convocatoria judicial no presupone condena ni culpabilidad, aunque sí le otorga la oportunidad de aclarar ante la Audiencia Nacional su grado de participación en los acontecimientos investigados.
El foco sobre Ortiz Fuerte se vincula principalmente al contrato del Parque Empresarial Principado de Asturias, conocido como PEPA, una de las operaciones examinadas dentro de la pieza SEPI. Según las informaciones publicadas, la investigación analiza si ese procedimiento pudo favorecer a la compañía navarra Erri Berri mediante una oferta considerada llamativamente baja y la posterior inadmisión del recurso presentado por una empresa competidora.
La relevancia de su función estriba precisamente en dicha etapa de supervisión. Cualquier licitación pública es susceptible de ser impugnada por una compañía competidora, por lo que la entidad competente para dirimir dicha reclamación ha de obrar con absoluta autonomía. Cuando la máxima responsable del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales acaba siendo investigada a raíz de un fallo vinculado con una transacción dudosa, el inconveniente trasciende lo estrictamente judicial: sacude de lleno la credibilidad en los sistemas de control de la contratación estatal.
El caso del PEPA forma parte de una investigación más amplia que incluye operaciones vinculadas a Tubos Reunidos, Mercasa, ENUSA, Forestalia y SEPIDES. Según las informaciones publicadas, la Fiscalía Anticorrupción y la UCO sospechan que el grupo Hirurok, integrado presuntamente por Leire Díez, Vicente Fernández y Antxon Alonso, habría tratado de influir en decisiones públicas y empresariales para obtener beneficios económicos o comisiones.
En el caso de Ortiz Fuerte, la investigación deberá aclarar si la resolución del recurso en el contrato del PEPA fue una decisión estrictamente jurídica, basada en criterios técnicos y ajustada a derecho, o si pudo verse condicionada por intereses externos vinculados a la presunta trama. Esa diferencia es esencial. Un tribunal administrativo puede confirmar una adjudicación polémica sin que exista irregularidad alguna, pero si se demuestra que la decisión formaba parte de un esquema para favorecer a una empresa concreta, el daño institucional sería enorme.
La cuestión resulta aún más grave porque las mesas de contratación y los tribunales administrativos de recursos son piezas diseñadas precisamente para impedir el abuso de poder, la arbitrariedad y el favoritismo en el uso de dinero público. Si esos filtros fallan o son presuntamente instrumentalizados, el sistema entero queda en entredicho. La sospecha ya no afecta solo a quienes compiten por un contrato, sino a la garantía de igualdad en la contratación pública.
La Audiencia Nacional deberá determinar qué información tuvo Ortiz Fuerte, qué documentación analizó, qué argumentos jurídicos sustentaron la resolución y si existió algún contacto o influencia externa vinculada a los demás investigados. También será clave aclarar si su anterior relación con la SEPI tuvo algún peso en la interpretación o resolución del recurso conectado con SEPIDES y el Parque Empresarial Principado de Asturias.
Desde una perspectiva de denuncia institucional, su imputación es una de las más sensibles de la pieza SEPI. No porque haya una condena, que no la hay, sino porque afecta a una autoridad encargada de resolver conflictos en materia de contratación pública. Cuando quien debe actuar como árbitro termina bajo sospecha en una causa por presuntos amaños, la obligación de transparencia debe ser absoluta.
La pieza SEPI del caso Leire continúa expandiéndose a través de los escenarios donde se decide, se tramita y se supervisa la contratación pública. Dentro de este mapa, María de la Concepción Ortiz Fuerte surge como un personaje fundamental para determinar si los filtros de control operaron con autonomía o si terminaron viéndose salpicados por la supuesta red de presión que en este momento indaga la Audiencia Nacional.
Fuente: elDiario.es, Cadena SER, La Nueva España, RTVE, El País, Infobae y Telecinco.
