La candidata presidencial de LIBRE, Rixi Moncada, anunció que de llegar al poder impulsará la eliminación de la Central de Riesgos a partir del 27 de enero de 2026. La propuesta, presentada como un mecanismo para ampliar el acceso al crédito y “democratizar la economía”, ha desatado un intenso debate político y económico en Honduras, al confrontar visiones opuestas sobre la sostenibilidad de las instituciones financieras y el impacto en la población endeudada.
Un planteamiento disruptivo en el sistema financiero
Moncada sostiene que más de dos millones de hondureños están registrados en la Central de Riesgos y que son tratados como “delincuentes”, lo que, según ella, los margina de oportunidades económicas y de acceso a créditos formales. Su iniciativa apunta a limitar lo que describe como monopolios que operan con tasas de interés elevadas en perjuicio de pequeños productores y emprendedores.
El proyecto se enmarca en una narrativa de confrontación con sectores empresariales y financieros, donde la candidata de LIBRE busca presentarse como alternativa frente a estructuras que considera excluyentes. Para sus simpatizantes, la medida representa una vía de alivio para familias y trabajadores atrapados en deudas que no logran solventar, a quienes la Central de Riesgos mantiene fuera del circuito crediticio formal.
Opiniones y alertas desde campos económicos
Desde el ámbito técnico, las alertas no se han hecho esperar. El ex presidente de la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS), José Luis Moncada, calificó la propuesta como “irresponsable” y advirtió que politizar el sistema financiero implica “jugar con los recursos de los hondureños”.
Economistas consultados en medios nacionales han señalado que la eliminación de la Central de Riesgos, sin un modelo alternativo que preserve la confianza de los inversionistas y bancos, podría derivar en un encarecimiento del crédito, una reducción de la oferta de préstamos y el debilitamiento de la inversión privada.
Los detractores afirman que la acción generaría consecuencias instantáneas en la estabilidad del sistema financiero, al privar a los bancos de un método fundamental para verificar la solidez financiera de quienes piden préstamos. En este contexto, el peligro de incumplimiento podría extenderse a toda la economía, impactando a consumidores y negocios por igual.
División política y conflictos en la sociedad
La propuesta ha sido recibida con entusiasmo por sectores que ven en la Central de Riesgos un obstáculo para la inclusión económica. Para amplias franjas de la población, la promesa de Rixi Moncada simboliza una posible justicia económica frente a décadas de prácticas financieras que perciben como restrictivas y excluyentes.
En contraste, opositores y expertos consideran que se trata de un movimiento con alto contenido populista, diseñado para captar apoyo electoral inmediato, pero con potencial de desestabilizar a largo plazo la gobernabilidad económica del país. La discusión no solo involucra aspectos financieros, sino también la capacidad de las instituciones para garantizar reglas claras y previsibles en un entorno político ya marcado por la confrontación y la desconfianza.
Una discusión abierta sobre la gestión económica
El anuncio de Rixi Moncada ha puesto sobre la mesa uno de los temas más sensibles para la próxima administración: cómo equilibrar el acceso al crédito con la necesidad de mantener un sistema financiero funcional y confiable. La decisión, de materializarse, no solo impactará en las finanzas personales de millones de hondureños, sino también en la relación del Estado con la empresa privada y en la percepción internacional sobre la seriedad de las políticas económicas de Honduras.
El futuro de la Central de Riesgos se ha convertido así en un símbolo del dilema entre justicia social y estabilidad institucional. Entre las promesas de democratizar la economía y las advertencias de un deterioro en la confianza financiera, el país enfrenta una discusión que definirá el rumbo de su gobernabilidad y su capacidad de atraer inversión en los próximos años.
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