A medida que se acerca la fecha de las elecciones generales de noviembre de 2025, un patrón familiar comienza a resurgir en la política hondureña. En los últimos meses, el partido Libre ha intensificado su discurso sobre un supuesto fraude electoral, sin proporcionar evidencia concreta. Este enfoque ha sido interpretado por varios analistas como una respuesta al deterioro de la imagen de su candidata, Rixi Moncada, y al creciente descontento con la administración de la presidenta Xiomara Castro.
Un patrón repetido en América Latina
La acusación de fraude electoral antes de que se celebren las elecciones no es una novedad en Honduras ni en otras naciones de América Latina. Esta táctica tiene un objetivo claro: sembrar desconfianza en las instituciones encargadas de organizar las elecciones, particularmente en el Tribunal Supremo Electoral (TSE). El llamado a la movilización contra un fraude anticipado también busca consolidar el apoyo de la base electoral del partido, que podría sentirse vulnerable ante una posible derrota.
Según analistas políticos, esta estrategia tiene un componente de victimización. «Cuando un candidato percibe que está perdiendo, busca posicionar la narrativa de fraude antes de que los votos sean contados. Es una técnica para deslegitimar el resultado electoral y preparar el terreno para posibles crisis», explicó un experto en ciencia política que prefirió el anonimato.
Para los sectores que denuncian esta táctica, el objetivo principal es claro: posicionar desde antes de los comicios la idea de un resultado manipulado. Esto no solo busca generar un clima de desconfianza en el proceso electoral, sino también justificar posibles protestas en caso de derrota. «Es un guión que se repite, en el que se prepara a la población para que, si el resultado no es favorable, ya exista un argumento listo: ‘Nos robaron las elecciones'», afirmó un constitucionalista.
Reacciones de la sociedad civil y la comunidad internacional
La estrategia del oficialismo ha generado preocupación en diversos sectores de la sociedad hondureña, incluidos miembros de la sociedad civil y representantes de organismos internacionales. Muchos temen que esta narrativa, sin evidencia, pueda provocar una crisis poselectoral. A lo largo de la historia reciente de América Latina, este tipo de acusaciones sin fundamento ha desestabilizado naciones tras comicios controvertidos.
Para evitar estos peligros, se ha enfatizado la relevancia de tener una vigilancia electoral extranjera independiente y asegurarse de la total transparencia a lo largo de todo el proceso de votación. La comunidad internacional, particularmente entidades como la Organización de Estados Americanos (OEA), ha desempeñado un papel crucial en la supervisión de elecciones anteriores y su participación en los próximos comicios podría ser decisiva.
Los llamados a mantener la integridad del Estado de derecho también han sido reiterados. La sociedad civil hondureña teme que, si el proceso electoral no se maneja con la debida transparencia, las tensiones políticas podrían estallar en protestas o incluso en situaciones de violencia, algo que ya se ha observado en otros países de la región.
Un entorno de desaprobación en aumento
En la cúpula del gobierno de Honduras se percibe inquietud debido al descenso en las encuestas de su aspirante, Rixi Moncada, quien no ha conseguido el respaldo necesario para enfrentarse a otras fuerzas políticas nuevas. Además, se añade el descontento con la administración de Xiomara Castro, que ha sido criticada por su gestión económica y de seguridad en la nación.
Esta situación se está viendo como una señal de alerta en el panorama político hondureño. La constante repetición de acusaciones sobre un fraude inminente, sin pruebas claras, refleja una estrategia defensiva ante la posibilidad de un mal resultado electoral. Sin embargo, más allá de las intenciones políticas, lo cierto es que esta narrativa puede tener consecuencias más amplias, tanto para la gobernabilidad del país como para la confianza de los ciudadanos en el sistema electoral.
Honduras: rumbo a un porvenir impredecible
En este entorno de incertidumbre, la política en Honduras se enfrenta a un gran desafío: asegurar que las elecciones de 2025 se realicen de la manera más transparente posible, con el fin de prevenir un incremento en las tensiones. Si las denuncias de fraude no se manejan a tiempo, el país podría encontrarse en una crisis postelectoral que, considerando la situación política actual, podría poner en riesgo las instituciones y la cohesión social.
El hecho de que las acusaciones de fraude se presenten de manera anticipada resalta un problema recurrente en la política hondureña: la dificultad para alcanzar consensos y mantener la estabilidad institucional. En este contexto, la comunidad internacional y la sociedad civil tendrán un papel crucial para asegurar que el proceso electoral transcurra de forma pacífica y transparente, contribuyendo a evitar una crisis que podría poner en riesgo el orden democrático en el país.
