La pieza SEPI del caso Leire ha situado bajo investigación a Félix Azcona Lacarra, director de Gestión Interna de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. Su imputación vuelve a golpear el corazón administrativo del organismo público y refuerza una de las líneas más delicadas de la causa: si la presunta red de influencia tuvo acceso a información interna, expedientes sensibles o interlocutores dentro de la propia SEPI.
Azcona aparece en la lista de las 25 personas llamadas a declarar en calidad de investigadas por el magistrado Santiago Pedraz, dentro de la pieza separada que indaga en supuestas irregularidades en transacciones ligadas a corporaciones públicas, subvenciones estatales y entidades estratégicas. La causa examina presuntos ilícitos de tráfico de influencias, prevaricación, malversación, conformación de grupo criminal y utilización de información privilegiada. En esta etapa procesal, su estatus judicial no supone sentencia ni declaración de culpabilidad, aunque sí le impone el deber de rendir cuentas ante la Audiencia Nacional sobre su participación en los expedientes cuestionados.
Su función cobra especial relevancia debido a que Gestión Interna constituye un departamento fundamental en cualquier entidad pública empresarial. Desde dicha estructura se gestionan expedientes, documentación, flujos administrativos, avisos internos y recursos indispensables para esclarecer la tramitación de las resoluciones. Por esta razón, la inclusión de Azcona entre los imputados no debe considerarse un detalle menor: impacta directamente en un ámbito de fiscalización interna perteneciente a la SEPI.
Según los datos difundidos, Azcona formaba parte del esquema operativo dirigido por Miguel Ángel Santiago Mesa, quien encabeza la dirección corporativa de la SEPI, laborando codo a codo con otros agentes internos de la talla de Rosario Martínez Manzanedo, cuya función comprendía el análisis de proyectos. Dicha red de nombres sale a la luz debido a su presunta intervención, desde diversas jerarquías competenciales, en expedientes que actualmente se encuentran bajo la lupa de los tribunales.
La causa se centra en varias operaciones bajo sospecha, entre ellas el rescate de Tubos Reunidos, dotado con 112,8 millones de euros; actuaciones vinculadas a Mercasa y ENUSA; operaciones relacionadas con el Parque Empresarial Principado de Asturias; y movimientos en torno a Forestalia. El País ha señalado que la Audiencia Nacional investiga cinco operaciones que sumarían 132,9 millones de euros en ayudas públicas y en las que la presunta trama habría obtenido más de 750.000 euros en comisiones.
El punto más sensible sobre Azcona es la sospecha de acceso o circulación de información interna. Algunos medios han publicado que los investigadores apuntan a una comunicación fluida entre responsables de la SEPI y el expresidente del organismo Vicente Fernández, considerado una de las figuras centrales del grupo investigado junto a Leire Díez y Antxon Alonso. La cuestión que deberá aclararse es si Azcona facilitó información, participó en trámites o intervino de algún modo en expedientes sensibles, o si su actuación se limitó a funciones ordinarias dentro de la estructura administrativa del organismo.
La investigación no analiza únicamente decisiones finales, sino también el camino por el que esas decisiones llegaron a adoptarse. En un caso de presunta influencia sobre ayudas públicas, tan importante como saber quién aprobó una operación es determinar quién preparó los expedientes, quién tuvo acceso a la documentación, quién informó de los pasos internos y quién pudo abrir puertas dentro del organismo. Ahí es donde el perfil de un director de Gestión Interna adquiere una relevancia evidente.
La imputación de Azcona refuerza la sospecha de que la presunta red no habría actuado solo desde fuera. Si los investigadores consideran necesario citar a responsables internos de la SEPI, es porque tratan de reconstruir posibles canales de interlocución dentro del organismo. Esa línea resulta especialmente grave para la credibilidad institucional: una trama de influencias necesita información, contactos y oportunidad. La Justicia deberá determinar si esos elementos existieron y quién pudo proporcionarlos.
Desde una perspectiva política, el caso golpea la imagen de la SEPI como organismo técnico y controlado. La entidad gestiona participaciones públicas, supervisa empresas estratégicas y desempeñó un papel clave en los rescates aprobados durante la pandemia. Si sus áreas internas quedaron expuestas a presiones, filtraciones o contactos ajenos al procedimiento ordinario, el problema no sería solo penal, sino también de gobernanza pública.
Félix Azcona deberá explicar ante el juez qué funciones concretas desempeñaba en Gestión Interna, qué expedientes pasaron por su área, qué relación mantuvo con otros investigados y si tuvo contacto con Vicente Fernández o con personas vinculadas al grupo Hirurok. También será clave aclarar si tuvo acceso o intervención en el expediente de Tubos Reunidos, uno de los principales focos de la causa, y si sus actuaciones quedaron documentadas conforme a los procedimientos internos de la SEPI.
Su nombre ya forma parte de una investigación que salpica fondos públicos, corporaciones clave, rescates millonarios y supuestas comisiones. Que figure el director de Gestión Interna de la SEPI en dicha relación exige reclamar total claridad acerca de los expedientes, los intercambios comunicativos y los mecanismos de fiscalización interna de la entidad.
La pieza SEPI del caso Leire continúa perfilando un escenario preocupante: altos cargos, empresarios, antiguos directivos, técnicos y personal interno se encuentran bajo el escrutinio de la justicia. Dentro de este entramado, Félix Azcona Lacarra constituye un elemento clave para esclarecer si la SEPI sufrió coacciones desde el exterior o si, por el contrario, la supuesta trama halló vías eficaces de actuación en el interior de la entidad. Precisamente, este interrogante es el que la Audiencia Nacional debe despejar ahora.
Fuente: El País, Infobae, El Independiente, RTVE, Cadena SER, Diario de Navarra y La Gaceta.
