lEl aparente desafío del nuevo gobierno es proponer un presupuesto que aborde el problema de un déficit público en una escala nunca vista en tiempos de paz y fuera de recesión (5,5% del producto interior bruto en 2023). En efecto, podemos pensar que controlar el déficit, y por tanto la evolución de la deuda, es deseable, en primer lugar para obtener de los mercados un tipo razonablemente bajo que haga soportable esta deuda.
recuerda que hoy Francia paga más que Portugal pedir prestado en los mercados. Reducir nuestros déficits y contener la deuda pública también sería una señal de prudencia, al proporcionar margen de maniobra presupuestario para hacer frente a futuras crisis.
Pero el problema no es tanto el nivel de deuda y los déficits sino la naturaleza del gasto que los sustenta y sus retornos económicos, ambientales y sociales. De esta observación debe surgir un proyecto de futuro para Francia. El peligro es grande al proponer un presupuesto a corto plazo que recortaría aún más los servicios públicos y no permitiría un cambio hacia inversiones para el crecimiento y garantes de la transición verde.
Un Estado redistribuidor y no inversor
El elevado nivel de gasto público es de larga data: superó el umbral simbólico del 50% del PIB desde principios de los años 1980 y siguió aumentando hasta 57% del PIB en 2023. Las cifras reflejan la sensación de erosión de los servicios públicos: la mayor parte del aumento del gasto público en los últimos cuarenta años está vinculado a beneficios y transferencias, que han aumentado del 25% al 33% del PIB, mientras que el gasto en prestación de servicios públicos – Los gastos operativos en salud, educación o seguridad, por ejemplo, así como la inversión pública, cayeron del 25% al 22% del PIB durante el mismo período. El aumento del costo de las prestaciones está relacionado principalmente con el envejecimiento –con una mayor esperanza de vida y una disminución de la fertilidad– y la introducción de pensiones de jubilación “mínimas”.
A ello se sumaron medidas como la reducción de las cotizaciones sociales, para apoyar el empleo, y las ayudas a las empresas (como el crédito fiscal para la competitividad y el empleo), cuyos efectos se debaten. Este aumento de las transferencias forma parte de una tendencia de largo plazo, que puede explicarse por una mayor demanda de protección contra riesgos sociales (vejez, salud, etc.) y económicos (Covid, crisis energética). Esta fuerte tendencia marca la desaparición de el estado inversor en beneficio de un Estado simplemente redistributivo.
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