En la conferencia organizada el lunes 11 de diciembre en el Museo Guimet de París con motivo del 20º aniversario de la ley de mecenazgo que había apoyado, el ex Ministro de Cultura Jean-Jacques Aillagon iba a ser el rey de la fiesta, pero Covid decidió lo contrario. Por tanto, es Rima Abdul Malak, actual inquilina de la calle de Valois, quien leyó las pistas formuladas por su predecesor. “Esta ley no debe considerarse como un término insalvable”concedió Jean-Jacques Aillagon.
Una herramienta tributaria destinada a promover acciones de interés general, esta ley de 1oh agosto de 2003 destinado, en particular, a implicar a todos los ciudadanos en este tipo de acciones y a fomentar el trabajo de fundaciones y asociaciones. Gracias a una zanahoria fiscal: una reducción fiscal del 60% o 75% del importe de la donación para los particulares, y del 40% o 60% para las empresas. La ley inicial se redujo en 2020 para limitar sus efectos a partir de un umbral de 2 millones de euros en donaciones.
Jean-Jacques Aillagon, antiguo asesor de François Pinault y hoy presidente de los Amigos del Festival de Otoño, desea “ampliar la lista de beneficiarios del mecenazgo”. ¿Por qué las empresas públicas locales no forman parte? La senadora Sylvie Robert (Ille y Vilaine, grupo socialista, ecologista y republicano) también ha presentado un proyecto de ley en este sentido. El ex ministro también planea “la creación de un nuevo estatuto para las fundaciones familiares” que se acerca más al de las fundaciones corporativas.
Entre sus líneas de reflexión se encuentra la inclusión del voluntariado en el mecenazgo. Si las empresas ya practican, según él, “patrocinio de habilidades”, “Hoy no consideramos que el voluntariado de las personas, aunque tan esencial para la vida social, incluida la vida cultural, constituya un acto de mecenazgo que pueda abrir una forma de reconocimiento fiscal”, señala. Este tema técnicamente complejo “merece ser abordado en una reflexión más global sobre la promoción del voluntariado”.
Un impulso decisivo
Aún más radicalmente, dado que «su» ley se dirige a quienes pagan impuestos sobre la renta o sobre el patrimonio inmobiliario, Jean-Jacques Aillagon sugiere que cada ciudadano sea “dotado de un crédito fiscal, incluso modesto, que podría destinar a una acción de interés general de su elección”. Una manera, a sus ojos, de volver a ser “plenamente un “ciudadano activo””. Este proyecto debería, una vez más, llamar la atención en Bercy, que se resiste a la creación de cualquier nueva ventaja fiscal.
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