“Queremos agricultores eficientes, capaces de alimentar a la población, a menor coste, preservando la naturaleza y el clima”

lEl volcán agrícola vuelve a hacer erupción. En los Países Bajos, Alemania, Polonia, Rumania y Francia, las demandas son las mismas: más ingresos, más consideración y menos estándares. Una crisis económica y de identidad que no es nueva y durará mucho tiempo. El mundo agrícola pesa poco en cifras, el 2% de la población, pero cuatro veces más si incluimos el medio rural en su conjunto y mucho más en el imaginario de los franceses, además de los alemanes, los holandeses y de todos países cuyos pueblos hace tiempo que abandonaron los campos para ir a las ciudades.

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Este apego no es sólo sensible sino también económico, político y ecológico. De ahí las exigencias contradictorias que surgen con cada nuevo estallido de ira. Para resolver esta ecuación insoluble, son los Estados los que vienen a cerrar la brecha. Todos los países importantes han desarrollado su agricultura. El informe anual de la OCDE examinó las políticas agrícolas de 54 países del mundo. El apoyo total a este sector alcanzó un nivel récord de 851 mil millones de euros entre 2020 y 2022, dos veces y media más que a principios de la década de 2000.

Y no es Francia ni Europa la que se lleva el premio en ayudas, sino China, con el 36% de ese total, seguida de la India, los Estados Unidos y la Unión Europea. Según un principio básico, cuanto más frágil e improductiva es la agricultura, más apoyo recibe. Los tres países que más aportan en proporción a su producción total son Suiza (72%), Japón y Corea del Sur.

en el promedio

Francia está en la media europea. Como señala el ex asesor del Tribunal de Cuentas François Ecalle en su sitio web Fipeco, el país gastó casi 26 mil millones de euros en 2022 para ayudar a sus agricultores, o casi una cuarta parte de su producción. Alrededor de la mitad son ayudas y subvenciones, sobre todo europeas, y el resto procede en gran medida de acusaciones de cargas y de la financiación de la protección social.

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La realidad es que este sector esencial, para la alimentación y la ordenación del territorio, se ha convertido en una profesión regulada. Los subsidios que recibe son a cambio de limitaciones de todo tipo, derivadas de la agenda política y que se expresan a través de una profusión de normas. La desventaja es una distorsión de las reglas del mercado, que van en detrimento de los precios para el consumidor y pueden orientar la producción en función de las ayudas y no de la demanda de los clientes.

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