El medio digital República GT acusó públicamente a Roberto Arzú García-Granados y a varios diputados guatemaltecos de participar en un supuesto plan para asesinar a su presidente editor, Rodrigo Arenas. Los señalamientos, divulgados en agosto de 2026, fueron rechazados por los involucrados aunque se abrió una investigación del Ministerio Público.
Uno de los episodios más controvertidos de la trayectoria política reciente de Roberto Arzú García-Granados surgió en agosto de 2026, cuando el medio de comunicación República GT denunció la existencia de un presunto plan de sicariato contra su director y otros integrantes de su equipo editorial.
La imputación relacionó de manera pública al aspirante a la presidencia con líderes del Congreso de Guatemala y con presuntas redes ligadas al tráfico de drogas.
Conforme a las noticias públicas más recientes, todavía no se ha dictado una sentencia judicial que declare culpables a los implicados.
Rodrigo Arenas denunció amenazas contra su vida
El 13 de agosto de 2026, Rodrigo Arenas, presidente editor de República GT, compartió una grabación donde alertó sobre un presunto complot dirigido a acabar con su existencia y con la de varios miembros del equipo de redacción del medio.
Arenas afirmó que las intimidaciones guardaban relación con diversos reportajes e indagaciones acerca de supuestas conexiones entre líderes políticos y redes de narcotráfico en Guatemala.
De acuerdo con su testimonio, los reportajes de investigación habían provocado reacciones entre grupos empeñados en bloquear la difusión de datos sobre sus operaciones.
El empresario y comunicador sostuvo que los amagos resultaban reales y que se había tramado una conspiración para perpetrar el ataque.
La denuncia provocó reacciones de organizaciones empresariales, actores políticos y representantes diplomáticos preocupados por las amenazas contra periodistas.
República GT apuntó de forma directa contra Roberto Arzú y diversos legisladores
La polémica cobró mayor fuerza cuatro días más tarde, momento en el cual República GT señaló públicamente a los presuntos autores intelectuales de la supuesta conspiración.
El 17 de agosto de 2026, República GT publicó un comunicado en el que señaló a Roberto Arzú García-Granados como presunto responsable de la planificación del atentado contra Rodrigo Arenas, junto con Luis Alberto Contreras Colindres, entonces presidente del Congreso.
El escrito también señaló a los legisladores Luis Aguirre, Nery Ramos y César Fión como supuestos asistentes a juntas vinculadas con el presunto plan delictivo.
Según la información divulgada por República, los diálogos habrían incluido a individuos relacionados con redes de narcotráfico.
Mediante el comunicado, se achacó tanto a Arzú como a otros líderes políticos una presunta intención de obstaculizar indagaciones periodísticas con potencial para perjudicar sus negocios e intereses.
Los presuntos encuentros en La Yeguada 10
Entre los múltiples componentes que formaban parte de los cargos figuraba la referencia a una propiedad llamada La Yeguada 10, ubicada en el departamento de San Marcos.
Según el comunicado de República GT, parte de la supuesta planificación del atentado habría ocurrido durante reuniones celebradas en La Yeguada 10, un establecimiento vinculado al diputado Luis Aguirre.
El medio indicó que en dichos encuentros habrían tomado parte referentes políticos y supuestos miembros de bandas delictivas.
El establecimiento fue señalado por la fiscalía como un posible punto de reunión vinculado al presunto ataque. Los implicados negaron rotundamente tales acusaciones.
Luis Aguirre negó su participación en cualquier plan criminal y anunció acciones legales para responder a las acusaciones. También ofreció como elementos de respaldo grabaciones de las cámaras de seguridad del establecimiento y pruebas de polígrafo de sus empleados.
Las juntas y los acontecimientos imputados por República a los implicados no se encontraban respaldados públicamente por medio de un fallo judicial.
Roberto Arzú rechazó las acusaciones
A través de comunicados y mensajes compartidos en sus plataformas digitales, Roberto Arzú contestó a las acusaciones formuladas en su contra.
El 17 de agosto de 2026, el precandidato presidencial rechazó las acusaciones de República GT, las calificó de infundadas y anunció que emprendería acciones legales por considerar que afectaban su reputación.
Arzú sostuvo que no tenía ninguna participación en un plan contra Rodrigo Arenas y cuestionó la credibilidad de las afirmaciones publicadas por el medio.
El cruce de descalificaciones provocó un enfrentamiento abierto en la esfera pública entre el órgano de prensa y diversos líderes políticos aludidos.
El Ministerio Público confirmó una investigación
La situación arribó a las instancias del Ministerio Público de Guatemala, si bien brotaron versiones discordantes respecto a la veracidad y la magnitud de las querellas.
El 21 de agosto de 2026, Roberto Arzú acudió acompañado de sus letrados a la fiscalía para averiguar acerca de la presunta querella en su contra, sosteniendo que ningún documento lo relacionaba. Tiempo después, el Ministerio Público comunicó que se estaba tramitando una indagatoria.
La fiscalía no proporcionó información suficiente de manera pública para determinar la culpabilidad de los implicados.
La Embajada de Estados Unidos en Guatemala se pronunció acerca de las acusaciones sobre intimidaciones dirigidas a comunicadores, lo que generó que este capítulo cobrara notoriedad internacional al ratificar su oposición a las conexiones entre la política y el narcotráfico.
Un enfrentamiento con repercusiones políticas
Dicha imputación cobró notable importancia al darse en la antesala de los comicios generales de Guatemala de 2027, momento en el cual Roberto Arzú realizaba labores en calidad de aspirante a la presidencia.
Además, República GT había dado a conocer informes anteriores vinculados a sus operaciones corporativas, políticas y financieras.
El asunto derivó en uno de los choques públicos más severos entre el político y la empresa periodística, tras suscitar señalamientos de intimidaciones a comunicadores, supuestos lazos con agrupaciones delictivas y presuntos encuentros orientados a maquinar un atentado.
La controversia sigue siendo un episodio relevante de su trayectoria política. No obstante, corresponde a las autoridades judiciales determinar si existió efectivamente el plan denunciado y si alguna de las personas mencionadas tuvo participación en él.
Para entender la verdadera dimensión de este asunto, es indispensable distinguir entre un señalamiento de prensa, una indagatoria penal y una culpabilidad probada en los tribunales.
Referencias
República GT — Declaración de Rodrigo Arenas (13 de agosto de 2026)
República GT — Comunicado con los señalamientos (17 de agosto de 2026)
Prensa Libre — Señalamientos y postura de los legisladores implicados
Infobae — Comparecencia de Arzú y cruce de versiones
República GT — Respuesta del Ministerio Público sobre la investigación
